España

El Gobierno rechaza un estado de alarma de sólo ocho semanas como pide el PP

  • Casado reclama además un "plan B jurídico" a Sánchez

  • Moncloa replica que "es un plazo de máximos, no de mínimos"

El líder del PP; Pablo Casado, durante el XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar celebrado este lunes en Casa América, en Madrid. El líder del PP; Pablo Casado, durante el XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar celebrado este lunes en Casa América, en Madrid.

El líder del PP; Pablo Casado, durante el XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar celebrado este lunes en Casa América, en Madrid. / Ballesteros (EFE)

El Gobierno rechaza la exigencia del PP de que el estado de alarma dure un máximo de ocho semanas para dar su apoyo a esta medida, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere extender durante seis meses basándose en criterios científicos, para fijar así el mismo horizonte para la pandemia que marcan otros países europeos.

La decisión del Gobierno de alargar el estado de alarma hasta el próximo 9 de mayo ha suscitado un debate entre partidos políticos, comunidades autónomas y empresarios sobre el tiempo que se debería alargar esta medida de excepción contra el coronavirus.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha exigido este lunes que dure como mucho ocho semanas y la aprobación de un “plan B jurídico” para restringir la movilidad mediante la modificación de la ley orgánica para apoyar al estado de alarma, que considera la “constatación de un fracaso”.

La respuesta del Ejecutivo ha venido por parte de la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, que ha pedido a los populares que “abandonen sus condiciones”, porque “no es el momento de poner palos en las ruedas”, y precisó que se trata de un plazo de “un plazo de máximos, pero no de mínimos”, por lo que se podría levantar antes si mejora la situación epidemiológica.

Rechazo de ERC y Vox

También ERC rechaza un estado de alarma hasta mayo y es partidaria de “rendir cuentas ante los Parlamentos” todo lo que sea necesario, si bien aún no ha decidido el sentido de su voto y ve “margen para negociar”, según ha afirmado su portavoz, de ERC, Marta Vilalta.

Vox no dará su apoyo a una medida que, en palabras de su portavoz, Jorge Buxadé, es “ilegal, abusiva y desproporcionada” y hace que la democracia “esté seriamente en riesgo”.

Sí lo hará el PNV si “se mantiene” en los términos de que sean las comunidades autónomas las competentes para tomar las decisiones correspondientes “pegadas al terreno”, dijo ayer Aitor Esteban.

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