El Gobierno ha agilizado este viernes el procedimiento para cambiar el domicilio social de las empresas, una medida adoptada a petición de las propias compañías y ante la "incertidumbre" creada por la "política irresponsable" de la Generalitat de Cataluña.

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha calificado de "triste" que "empresas importantísimas de Cataluña" hayan decidido abandonar la comunidad autónoma, empujadas por la inestabilidad del proceso independentista.

"Esto no es culpa de las empresas", ha considerado, sino de la "política irresponsable" de la Generalitat, que genera "incertidumbre, inquietud".

Ante esta situación y a petición de las propias empresas, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley de medidas urgentes en materia de movilidad de los operadores económicos dentro del territorio nacional, por el que se elimina en la práctica que un eventual traslado tenga que pasar por la junta de accionistas.

Esta cuestión solo tendrá que abordarse en junta en las empresas cuyos estatutos incluyan una "mención expresa" por la que el consejo de administración no pueda ser competente para el cambio de sede, una puntualización que tendría que incorporarse tras las entrada en vigor del real decreto, prevista para mañana.

Al eliminar este requisito, se evita tener que convocar la junta, lo que conlleva generalmente un plazo mínimo de un mes hasta la celebración y la incertidumbre sobre el resultado de la votación en este punto, lo que facilita el procedimiento.

El Gobierno ha abordado este real decreto con PSOE y Ciudadanos y este último ya ha avanzado que votará a favor.

La normativa completa el cambio legislativo introducido a finales de mayo de 2015, cuando -también a instancias empresariales, según De Guindos- se modificó la Ley de Sociedades de Capital para permitir que los administradores pudieran cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional, si bien incluía una "excepción", que consistía en que existiera una "disposición contraria" en los estatutos, salvedad que ahora se restringe.

El cambio de domicilio social no implica el movimiento físico de las oficinas o de los empleados, que pueden trabajar desde cualquier lugar, y además no tiene que coincidir con el domicilio fiscal.

En materia fiscal, los principales gravámenes, impuesto de sociedades e IRPF son estatales y no cambian con el traslado, mientras que los impuestos locales, IBI y actividades económicas, se refieren a establecimientos físicos y no se verían alterados por un cambio de sede.

El goteo de empresas que han anunciado su salida de Cataluña comenzó esta semana con la biotecnológica Oryzon y la firma de telecomunicaciones Eurona, ambas cotizadas.

Especialmente delicada es la situación para las entidades financieras, que en caso de una eventual independencia dejarían de estar amparadas por la regulación europea, lo que las estaba penalizando en bolsa.

Ante estas circunstancias, Banco Sabadell tomó ayer la decisión de trasladar su sede social de Sabadell (Barcelona) a Alicante -donde se ubicaba la antigua CAM, adquirida en 2011-, un movimiento que no requería del visto bueno de la junta porque así lo prevén sus estatutos.

En cambio, sí lo recogen los estatutos de CaixaBank, cuyo consejo de administración se reúne hoy para abordar esta misma cuestión y que ahora ven facilitada la eventual decisión de cambiar el domicilio social.

Este viernes, la textil Dogi ha anunciado su traslado a Madrid, al igual que Gas Natural Fenosa. Otras firmas como Catalana Occidente o Freixenet lo están estudiando.

Ante estos movimientos corporativos, el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, ha acusado al Gobierno de presionar a los bancos para que trasladen sus sedes y ha asegurado que el cambio de domicilio es "temporal".

En Cataluña hay 608.981 empresas -de los 3,3 millones que suma el total nacional-, la mayoría micropymes (579.588), aunque también pymes (23.934), medianas (4.247) y grandes (1.212).