Oriol Junqueras, ex vicepresidente catalán, Jordi Sànchez, candidato a presidente de la Generalitat, y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, cargaron este lunes contra el juez del Supremo Pablo Llarena por lo que consideran que es una "causa política" que criminaliza un "movimiento ciudadano pacífico". Los tres líderes independentistas catalanes, todos en prisión preventiva, comparecieron este lunes ante el Supremo (TS) para conocer su procesamiento por delitos de rebelión y malversación de caudales públicos dentro del sumario abierto por el procés.

En este trámite, optaron por hacer escasas alegaciones a los detalles que recoge el auto de procesamiento más allá de negar la violencia, como hicieron en anteriores declaraciones ante el juez. Y en su lugar expusieron un alegato contra lo que consideran una "causa política" motivada por "criterios puramente ideológicos" y que "criminaliza a un movimiento ciudadano pacífico" sólo por sus ideas independentistas.

De hecho, fueron sus críticas al instructor Pablo Llarena las que protagonizaron sus intervenciones al acusarlo de "falta de objetividad" y de "vulneración de derechos fundamentales", en algunos casos con un tono seco, duro y mirándole a los ojos, según han informado fuentes jurídicas presentes en las indagatorias.

Ése fue el caso de Sànchez, quien tras acusar al juez de vulnerar sus derechos políticos después de que le negara nuevamente acudir al Pleno de investidura, suspendido el pasado viernes, le dijo que no es "imparcial" al investigar estos hechos, porque se sitúa como "víctima".

Se trata de una afirmación que fuentes de su entorno sustentaron remitiéndose al auto de procesamiento, en el que el juez utiliza la primera persona del plural para referirse a la "estrategia que sufrimos". Para Sànchez, que declaró durante una hora y cuarto, su situación es "injusta" ya que a su juicio el TS "no tiene competencias" para llevar el caso y, además, tiene la "sensación" de que los resultados de las elecciones del 21-D en Cataluña han hecho "evolucionar" los argumentos del juez.

Además, se preguntó cómo se le puede acusar a él y a Cuixart de incitar a la violencia y alegó que en Cataluña la ciudadanía no funciona según los parámetros de otros territorios: "Cataluña no es Corea del Norte", dijo.

Igualmente, Junqueras defendió que nunca ha promovido ni asumido ninguna actuación violenta para lograr sus fines políticos, que era perfectamente consciente de que el referéndum no constituía ningún delito y que jamás se destinó un solo céntimo de dinero público al procés, según fuentes jurídicas y de ERC.

En este sentido, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, rechazó que se pudiese dar esa desviación de fondos. "No sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público", señaló Montoro en una entrevista en El Mundo.

Como Sànchez, el ex vicepresidente, que declaró 40 minutos, cargó contra el Supremo al asegurar que está encarcelado por un tribunal que no tiene competencia para conocer del proceso en una vista en que se vulneraron todos sus derechos. Y afirmó que el procedimiento judicial lo que pretende anular es el movimiento político que representa y cercenar sus derechos políticos y los de quienes le votaron. Ésta fue la línea defendida por Cuixart, quien en apenas 15 minutos reiteró como hicieron los otros dos procesados la vulneración de derechos por parte del juez.

Los tres dejaron claro que el conflicto en Cataluña es político y que se tiene que solucionar desde este ámbito y nunca judicializarlo, al tiempo que remarcaron que Cataluña tiene derecho a la autodeterminación y que defender la independencia y promoverla es plenamente legal.

Trapero, ex mayor de los Mossos, a su llegada ayer a la Audiencia Nacional.