España

Llevan a la ONU las expulsiones de Isla de Tierra tras el archivo del Supremo

  • El Comité René Cassin insiste en una presunta violación de la Convención contra la Tortura.

El Comité René Cassin ha denunciado a España ante la ONU por las expulsiones de 71 inmigrantes subsaharianos del islote de Isla de Tierra en septiembre de 2012, después de que el Tribunal Supremo de España archivara la denuncia al no constituir delito. 

El archivo en el Supremo agota los recursos internos y el Comité René Cassin, presidido por el abogado sevillano Alberto Revuelta, ha acordado llevar el caso al Comité Contra la Tortura de la ONU por presunta violación de la Convención contra la Tortura. 

Según su denuncia, la expulsión a Marruecos, por parte de la Guardia Civil, de los inmigrantes que habían desembarcado el 30 de agosto de 2012 en ese islote español violó el artículo 3 de la Convención, que dispone que "ningún estado procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura". 

Asegura que "el Estado español conoce sobradamente la práctica reiterada de Marruecos de expulsar de modo inmediato, contundente y sin procedimiento administrativo o jurisdiccional a la frontera desértica con Argelia a cuantos extranjeros subsaharianos le son entregados". 

La Guardia Civil condujo a los inmigrantes hasta la costa de Marruecos y allí les obligó a descender al agua y caminar hasta la orilla "a sabiendas de que iban a ser detenidos y expulsados al desierto". 

Previamente no los identificó ni incoó expedientes de devolución ni comprobó que no corrían peligro de ser torturados, por lo que sufrieron "dolores y sufrimientos físicos y psíquicos que han de ser calificados como tratos crueles, inhumanos y degradantes", según el Comité formado por abogados de extranjería y que lleva el nombre del juez francés que redactó la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Tras producirse la expulsión, el Comité René Cassin denunció por presunta prevaricación a los ministros españoles de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo; de Defensa, Pedro Morenés, y del Interior, Jorge Fernández Díaz. 

En noviembre de 2012, el Tribunal Supremo archivó la causa y acordó "abstenerse de todo procedimiento por no ser los hechos constitutivos de ilícito penal alguno", ya que se trataba de una denuncia "genérica" basada en la simple atribución de funciones a los ministros. 

Según el alto tribunal, el ministro de Defensa fue denunciado porque Isla de Tierra estaba bajo su jurisdicción, el titular de Asuntos Exteriores por sus acuerdos con Marruecos y Fernández Díaz como autoridad sobre los Cuerpos de Seguridad del Estado.

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