Más de 40.000 folios y miles de empresas forman el complejísimo caso Rato, una maraña societaria que ha provocado que el juez que investiga la fortuna del ex vicepresidente del Gobierno haya dado un ultimátum a Hacienda para que cierre su informe bajo amenaza de ser acusados de desobediencia.

A mediados del pasado noviembre, el juez instructor número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, instaba a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente del Ministerio de Hacienda, a entregarle los informes definitivos sobre el caso Rato antes de quince días, "con el expreso apercibimiento de incurrir en desobediencia en caso contrario".

Pero la ONIF ha reconocido sentirse desbordada por la cantidad de información que debe analizar.

En concreto, cuenta con 40.000 folios numerados, sellados y firmados, además de lo que contienen 29 dispositivos electrónicos que incluyen servidores, ordenadores portátiles y de sobremesa, y lápices de memoria.

En total, 728,2 gigabytes, equivalentes a unos 729 camiones de documentos, argumento suficiente para no entregar un informe definitivo sobre el caso, tal y como le reprochaba el propio Rato, que manifestaba tras declarar el 20 de febrero su queja porque Hacienda no había sido capaz, diez meses después de registrar su domicilio, de concluir su trabajo.

La complejidad del caso ha obligado al juez a descartar algunas vías de investigación, como la de Naviera del Pilar, una sociedad opaca tras dos compañías holandesas y otra domiciliada en la isla caribeña de Curazao, que con toda probabilidad Rato y sus hermanos utilizaron para canalizar 1,3 millones de euros de los que no consta ni su origen ni su posible tributación, según la ONIF. Pero el juez no se ha dado por satisfecho con las meras sospechas de Hacienda de que en esta sociedad radica el origen de la fortuna familiar, por lo que renuncia a investigar la Naviera del Pilar.

Y es que el juez, que maneja un sumario de más de 5.000 folios, tiene material de sobra para desentrañar una investigación que comenzó "en 2011 o 2013", según la inspectora jefe de la ONIF, Margarita García-Valdecasas.