Varias ONG han firmado un manifiesto en el que acusan al Gobierno de haber violado la legislación al desalojar durante la madrugada del martes a los 83 inmigrantes que permanecían en la pequeña isla de Tierra, en el archipiélago de Alhucemas, y entregar a la gendarmería marroquí a la mayoría de ellos.

Andalucía Acoge, Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Asociación Elin y la Federación SOS Racismo, que forman parte de Migreurop, han suscrito el documento, en el que aseguran que no se ha respetado el procedimiento establecido en la Ley de Extranjería.

Las organizaciones recordaron en un comunicado que esta norma obliga a estudiar de forma individual si cada una de las personas inmigrantes reúne los requisitos establecidos para acceder a territorio español, "hecho que no se ha producido al resolver de forma colectiva sobre su suerte".

Además, según estas ONG, "no se ha posibilitado que potenciales personas refugiadas puedan solicitar asilo y han sido entregados a un país que viola sistemáticamente los derechos humanos de las personas inmigrantes".

A su juicio, las autoridades españolas "deberían haber constatado, caso por caso, que no provenían de ningún país en conflicto o donde se produzcan graves violaciones de los derechos humanos".

"Las políticas de control de flujos migratorios y de lucha contra las mafias no se pueden imponer sobre los derechos humanos de las personas inmigrantes, las principales víctimas de esta situación", afirman.

Para las ONG, el Gobierno español obligado a respetar la Ley de Extranjería y sus compromisos internacionales con la protección de los derechos humanos y el derecho de asilo, "y no deben subordinarse nunca estos compromisos a un cálculo político de combate al efecto llamada".

Sin embargo, el Gobierno destacó el "éxito" del desalojo, con el que da por reconducida una situación "anómala".

El secretario de Ciudades y Política Autonómica del PSOE, Antonio Hernando, de visita en Melilla, manifestó que su partido no va a pedir "bravuconadas" ni va a hacer reproches al Ejecutivo en esta materia, como sí hicieron los populares, a su juicio, con el anterior Gobierno socialista.

La Delegación del Gobierno en Melilla resaltó el éxito de la intervención, en la que diez de los inmigrantes subsaharianos, ocho menores y dos de sus madres, fueron trasladados a Melilla, al ser considerados un "grupo vulnerable".