La defensa del ex presidente de la Generalitat Artur Mas y de las ex conselleras Joana Ortega e Irene Rigau proponen que declaren como testigos en el juicio por la consulta del 9-N el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

En sus escritos de defensa presentados este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), los tres acusados de desobedecer al Constitucional piden que Rajoy y Catalá testifiquen en el juicio por sus declaraciones públicas en las que, en su opinión, minimizaron la importancia jurídica de la consulta independentista.

Los letrados de Mas, Ortega y Rigau solicitan la absolución de sus clientes, para quienes la Fiscalía pide hasta diez años de inhabilitación, e insisten en su tesis de que los miembros del Govern no desobedecieron al TC, dado que no recibieron ningún requerimiento expreso por parte del alto tribunal para detener la consulta alternativa.

Entre los testigos que las tres defensas proponen para el juicio, figura el de Mariano Rajoy, quien los letrados pretenden que aclare "el contenido y alcance de sus declaraciones públicas" sobre la votación, concretamente en las que afirmó que el 9-N "no es un referéndum, ni una consulta, ni tiene efecto jurídico".

Al ministro de Justicia, los letrados pretenden preguntarle, entre otras, por las afirmaciones en las que sostuvo que el Gobierno permitiría "celebrar el proceso de participación si este es un ejercicio ciudadano de libertad de expresión" y en las que calificó el 9-N de "jornada de propaganda política carente de validez".

En relación con estos testimonios, las defensas aportan al TSJC una serie de noticias publicadas en la prensa, en los días previos y posteriores a la consulta, con las opiniones de Rajoy y Catalá sobre el 9-N, que a su entender permiten valorar jurídicamente la trascendencia de la consulta y la "tolerancia" del Gobierno respecto a la implicación de la ciudadanía en la votación.

Con esos testigos, los letrados pretenden avalar una de sus principales líneas de defensa, la "actitud pasiva" que a su parecer mantuvo la Abogacía del Estado al no instar la ejecución de la orden de suspensión de la consulta independentista que el Constitucional dictó el 4 de noviembre de 2014.

De hecho, las defensas también ven "inexplicable" la actitud del TC, por no haber contestado hasta el 4 de diciembre, casi un mes después de la consulta, el requerimiento que la Generalitat le envió el 7 de noviembre para que le aclarara el alcance exacto de la providencia en que suspendió el 9-N ante su "vaguedad".

En ese sentido, advierten las defensas de que no existe en la jurisprudencia ni una sola condena por desobediencia a una persona que "haya recurrido una decisión judicial o haya pedido una aclaración" de la orden que se le daba.

En la línea de lo mantenido hasta ahora en sus recursos, los abogados de Mas -Xavier Melero-, Ortega -Rafael Entrena- y Rigau -Jordi Pina- aducen que en el 9-N "nunca se convocó oficialmente a la ciudadanía, sino que se le dio la oportunidad de organizar y tomar parte de un proceso participativo que se acabó realizando gracias a la intervención de miles de voluntarios".

De hecho, mantiene el escrito de defensa de Mas, el 9 de noviembre "no se celebró lo que se suspendió: un procedimiento participativo oficial, promovido por la Generalitat y capaz de generar algún efecto más allá de la constatación de un determinado estado de opinión respecto a una cuestión política".

Para la defensa de Mas, el gobierno catalán se limitó a cumplir con su obligación de "velar por que la jornada se viviera de la manera más segura posible" y el hecho de que el ex presidente catalán saliera a "dar tranquilidad de los voluntarios" es "un acto que le honra y que no se puede considerar indicador de responsabilidad penal".

Las defensas alegan asimismo que, una vez la consulta fue suspendida, la Generalitat no podía detener el proceso dado que las actuaciones administrativas encaminadas a su organización habían finalizado y su "ejecución" quedó "en manos de los voluntarios".

Otro de los principales argumentos de la defensa es que el TC no dirigió una "notificación personal" de su resolución a los encausados para asegurarse que tenían "conocimiento efectivo de la misma y recuerda que en el caso Atutxa hubo "tres requerimientos expresos a la Mesa del Parlamento Vasco para que disolviera al grupo parlamentario" de Batasuna.

Además de Rajoy y Catalá, las defensas piden al TSJC que cite como testigos para el juicio al ex conseller de Presidencia Francesc Homs -ahora diputado del Congreso y al que el Supremo también investiga por su papel en el 9-N- y a los ex presidentes del Parlament Núria de Gispert y Joan Rigol.

Otros testigos que proponen los letrados son Carles Viver i Pi-Sunyer, que fue presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional, Miquel Buch, presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), y el que fuera alcalde de Barcelona durante el 9-N, Xavier Trias.