El PP fue el único grupo que se opuso a la tramitación de una norma para derogar el artículo 324 de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) de 2015, que redujo a 6 meses la instrucción de los procesos penales, ampliable a 18 para investigaciones complejas, como la corrupción.

A falta de la votación final de mañana, todos los grupos del arco parlamentario, salvo el PP y el diputado de Foro Asturias, manifestaron su apoyo a la toma en consideración de la proposición de ley de Unidos Podemos que cree que limitar los plazos de instrucción provoca "serias dificultades" para investigar los grandes casos de corrupción, como Púnica o Lezo.

La oposición reprochó al PP que introdujera unos límites temporales en la instrucción penal "a coste cero" y "sacrificando derechos" pero "sin incrementar los medios", lo que ha conducido a situaciones de "impunidad e inseguridad jurídica".

Unas críticas que el PP trató de desmontar al citar el aumento del 7% en el presupuesto del Ministerio de Justicia, al tiempo que rechazó cualquier impunidad e injerencia en la Justicia. "Quien la hace la paga", afirmó Carlos Rojas.

No lo entiende así Rafael Mayoral (Podemos), que en defensa de la propuesta pidió el apoyo de la Cámara para derogar los plazos cuanto antes con el objetivo de "desatarles la manos a jueces y fiscales de nuestro país para que puedan luchar contra la delincuencia económica y la corrupción".

PNV, ERC y el Grupo Mixto -salvo Foro Asturias- apoyaron la tramitación al defender que una cosa es introducir límites en los plazos de instrucción para evitar las dilaciones indebidas -algo que respaldn-y otra es hacerlo sin ningún incremento de medios.