La coronación de Felipe VI atravesará mañana su trance más delicado, la aprobación de la ley de abdicación, ante la que se han presentado cinco enmiendas a la totalidad y que contará con el respaldo sin fisuras del PP y algo menos redondo por parte del PSOE, pues algunos de sus diputados no lo tienen tan claro.

Así que el secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha visto abocado a presidir hoy la reunión del grupo parlamentario en el Congreso ante la polémica por la solicitud de libertad de voto en el debate sobre la ley de abdicación de don Juan Carlos.

Fuentes socialistas confirmaron ayer a Efe que Rubalcaba estará hoy presente en la reunión parlamentaria del PSOE en la Cámara Baja, un día antes de la votación de la ley de abdicación en el Congreso, ante la reclamación de algunos diputados como Guillem García Gasulla, por Baleares; el diputado vasco Odón Elorza o el alicantino Federico Buyolo de tener libertad de voto.

La portavoz del grupo socialista, Soraya Rodríguez, ya advirtió la semana pasada que no se plantean dar libertad de voto e incluso descartó que pueda haber posiciones contrarias a la que mantiene la dirección, que es votar a favor de la ley de abdicación.

El pasado martes, un día después del anuncio de don Juan Carlos de abdicar en el Príncipe Felipe, el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya dejó claro que su partido no va a romper el consenso constitucional que se alcanzó durante la Transición acerca de la Monarquía porque es "un valor" del que los socialistas se sienten orgullosos.

El proyecto de ley orgánica que hará efectiva la abdicación de Juan Carlos I se enfrentará en su debate de mañana a cinco enmiendas a la totalidad y sus respectivos textos alternativos en los que se pide un referéndum sobre la Monarquía.

A la espera del debate político que culminará con la aprobación de esta norma -con una amplia mayoría de apoyos-, el Congreso empieza a preparar el acto de proclamación de Felipe VI que se celebrará, con toda probabilidad, el 19 de junio.

Con ese fin se reunieron ayer en el Congreso responsables de protocolo de esta institución y del Senado, así como de la Casa del Rey y de Presidencia del Gobierno. Como explicó el presidente de la Cámara Baja, Jesús Posada, quedan aún muchas cosas por preparar aunque espera que la proclamación sea "solemne" y sin muchas "alharacas", aunque sea el acto "culminante" de todo este proceso, por ser España una monarquía parlamentaria.

Los grupos parlamentarios registraron ayer sus enmiendas de totalidad y parciales al proyecto de ley orgánica de abdicación, necesario para hacer efectiva la abdicación de don Juan Carlos y la subida al trono de Felipe VI.

Los siete partidos políticos que las apoyan son los tres que integran la Izquierda Plural (IU, ICV y CHA), así como ERC, el BNG, Compromís y Geroa Bai.

En cualquier caso, el apoyo a la ley es mayoritario, porque contará con el voto favorable de los dos grandes partidos, PP y PSOE, así como de UPyD y otras formaciones como Foro y UPN. CiU, PNV y Coalición Canaria se abstendrán.

Nueva Canarias votará en contra, mientras que Amaiur ha decidido no presentar enmienda ni votar, aunque sí participará en el debate en el pleno de mañana.

El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, justificó ayer la petición de un referéndum en que el Congreso ha perdido la legitimidad tras las elecciones europeas, en las que el bipartidismo no llegó al 50%. "La Cámara no puede estar de espaldas a lo que piensa la mayoría de la gente", afirmó Lara en declaraciones a la Cadena Ser.

Mientras todo se prepara para los debates parlamentarios y los actos oficiales, una de las cuestiones sobre la que más se discute en estos días es el estatus jurídico que tendrá don Juan Carlos una vez abdique. El Gobierno ya dijo la semana pasada que está estudiando cuál será dicho estatus y lo incluirá en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que está en fase de anteproyecto. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, estimó ayer razonable que el todavía Rey tenga la condición de aforado una vez que deje el trono, lo que "en absoluto" considera un privilegio. "El aforamiento no hay que entenderlo como un privilegio. No lo es en absoluto", señaló Gallardón, quien consideró que en algunos casos ser aforado supone incluso una "limitación" para los derechos procesales al suprimir, por ejemplo, la posibilidad de recurrir en segunda instancia.

El presidente del Congreso, Jesús Posada (PP), considera que el aforamiento de don Juan Carlos es "un tema urgente". En una entrevista en la Cope, Posada explicó que el Rey es inviolable en todas las actuaciones realizadas durante su mandato, y aseguró que no tiene dudas de que ningún tribunal aceptaría una demanda contra él. En cambio, no está tan seguro de lo que pudiera hacer un juez, y por eso cree que el aforamiento es "absolutamente necesario". El dirigente popular no cree que nadie le desee "personalmente ningún mal al Rey" pero sí opina que quizá alguien pueda buscar "follón" para "apuntarse un tanto en la lucha por la República".