España

El PP defiende la reforma del TC frente a un "golpe de Estado a cámara lenta"

  • Reitera que hay que "armar jurídicamente" al Constitucional para que se cumplan sus resoluciones y poder atajar a las "instituciones secesionistas que persiguen la liquidación del país".

El Partido Popular ha defendido su reforma de la ley que regula el Tribunal Constitucional para "armar jurídicamente" a las instituciones frente al "golpe de Estado a cámara lenta" que pretende perpetrar el presidente de la Generalitat, Artur Mas. El portavoz del PP en la Comisión Constitucional, Pedro Gómez de la Serna, ha recurrido a esta definición que hizo el ex dirigente socialista Alfonso Guerra sobre las intenciones de los soberanistas para argumentar la necesidad de esta reforma que, ha asegurado, no es cierto que altere el TC ni lo "dinamite" como apuntan los grupos de la oposición. 

Gómez de la Serna ha criticado al PSOE por optar por el "toreo de salón" en este debate y ha responsabilizado a los socialistas de haber "incendiado" la cuestión catalana y presentarse ahora como un "bombero pirómano". Así, ha subrayado que en 1985 fue el PSOE el que suprimió el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos, y años más tarde negoció "a oscuras y en secreto con Mas" la reforma del estatuto catalán, que pasó a ser un "estatuto de exclusión", y lo hizo "traicionando incluso a su partido en Cataluña". 

Contra los socialistas ha arremetido también el diputado popular al señalar que han apoyado en Cataluña a partidos que "recaudan dinero para ETA" o que se adhieren a la asociación de municipios independentistas. Y en cuanto a los soberanistas, Gómez de la Serna les ha acusado de estar convirtiendo políticamente a Cataluña en "una anomalía" y "una extravagancia" y les ha recordado que "nadie" les respeta por ello y no cuentan con ningún reconocimiento internacional. En su defensa de la reforma, el portavoz del PP en este debate ha dicho que "no es verdad" que el mundo jurídico se haya "rasgado las vestiduras" ante la reforma o esté en contra de ella, y ha citado asociaciones, expertos constitucionalistas, magistrados y ex presidentes de la Audiencia Nacional o del TC entre quienes la apoyan. 

Además, ha ido respondiendo a las objeciones a la reforma y ha explicado, entre otras cuestiones que las "vías de auxilio ordinario" para cumplir las sentencias sirven para "situaciones ordinarias" pero no para "la estrategia de un representante del Estado en una comunidad para liquidar un Estado constitucional amparándose en la falta de ejecución inmediata por parte del TC". Se trata en definitiva, ha insistido en permitir que el Constitucional cuente con "medidas suficientes" para que se cumplan sus resoluciones, y "tapar" así "una grieta" en el ordenamiento jurídico, "máxime cuando desde las instituciones los secesionistas persiguen la liquidación del país". 

Si esta reforma ya estuviese en vigor, ha señalado, no se habría llevado a cabo el "incumplimiento charlotesco" de la resolución del TC con las "urnas de cartón" en la consulta soberanista, ni Mas podría decir ahora, "con absoluta mala fe", que el alto tribunal no le especificó qué resoluciones debía suspender. "Hoy no estaríamos soportando el bochorno, el espectáculo bananero de ver a un presidente y a su corte de los milagros envueltos en pleno ataque de nervios en la bandera de Cataluña", ha continuado el diputado popular recordando el incidente del balcón en el Ayuntamiento de Barcelona, un episodio "tan grosero, tan zafio y tan elemental que produce una grima indescriptible". 

Por otra parte, desde UPyD, Rosa Díez ha explicado su rechazo a esta reforma aún estando de acuerdo en que es necesario crear un delito en el Código Penal que castigue el incumplimiento de las resoluciones del TC, como propone su grupo en su enmienda de supresión con texto alternativo. Díez ha sostenido que todos los ciudadanos deben estar sometidos a la ley, "gobernantes y gobernados" y que "nadie, le voten miles o millones ciudadanos, está por encima de las leyes", en alusión a Mas. Para la portavoz de Unión, Progreso y Democracia, cuando hay gobernantes que no cumplen las leyes no incurren en un acto de rebeldía democrática, sino en un "delito penal y un golpe de Estado democrático". El problema que existe en Cataluña, en su opinión, es que hay algunos catalanes que no quieren respetar las leyes. "Eso es lo que nos divide", ha dicho

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