El PP continuará su ofensiva contra el Gobierno por lo que cree "engaños" en la lucha contra ETA y al mismo tiempo mantendrá vigente el pacto antiterrorista, a no ser que el Ejecutivo permita a Sortu o a cualquier firma de la izquierda abertzale estar presente en los comicios del próximo 22 de mayo.

Fuentes del Partido Popular comentaron en el Congreso que por ahora no se plantean dar por roto el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, lo que consideran compatible con criticar al Gobierno, y en particular a Alfredo Pérez Rubalcaba, por "engañar a los españoles" durante el proceso de negociación con ETA realizado la pasada legislatura.

En este sentido, la secretaria general del PP y presidenta de este partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, afirmó ayer que el pacto antiterrorista con el Ejecutivo "no es óbice, de ninguna manera, para que el Gobierno tenga que dar explicaciones acerca de qué ocurrió realmente en el chivatazo del bar Faisán".

La presidenta regional del PP manifestó que todos los españoles pueden tener "claro" que el PP "va a llegar hasta el final para saber cómo es posible que en un Estado democrático desde determinados mandos políticos se puedan dar instrucciones para que, en vez de ayudar a la Policía en contra de los terroristas, se ayude a los terroristas en contra de la Policía".

El examen que el PP "pone" al Gobierno tendrá lugar con la configuración de las listas electorales que los partidos vascos presenten en el País Vasco y en Navarra para los comicios del 22 de mayo. Certificado por el Tribunal Supremo que Sortu no puede participar en dicho proceso electoral, los populares, dicen las fuentes, prevén diferentes maniobras de la izquierda abertzale para llegar a los comicios, como por ejemplo que algunos de sus dirigentes queden encuadrados en las listas de otros partidos o se alisten en agrupaciones electorales.

La reciente reforma de la ley electoral es tajante en ambos supuestos y contempla varias opciones para impedir que esos presuntos integrantes del entorno etarra puedan formar parte de alguna institución municipal en el País Vasco o Navarra. El PP quiere esperar a ver qué hace el Gobierno, por medio de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía.

Mientras tanto, el partido que lidera Mariano Rajoy continuará su estrategia de ataque al Ejecutivo por el caso Faisán, ya que en él encuentra una vía de desgaste a quien se vislumbra como posible sucesor de José Luis Rodríguez Zapatero, el vicepresidente primero y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

El PP, de acuerdo con las mismas fuentes, pedirá responsabilidades políticas por el citado caso, en especial la del propio Rubalcaba. Asimismo, los populares pondrán el acento en la "implicación" de Zapatero, toda vez que él ascendió al ministro a la vicepresidencia primera. "Es su valedor", apuntan las fuentes.

La publicación de las actas de ETA sobre el proceso de negociación de la legislatura anterior corroboran, en opinión de las fuentes del PP, que el Ejecutivo "mintió" a los ciudadanos.

Aun reconociendo que son las actas de una banda terrorista, las mismas fuentes indican que la puesta en conocimiento de las mismas no provienen de "una filtración" del entorno etarra, sino de una operación policial.