El Partido Popular ha registrado en las Cortes de Castilla-La Mancha la proposición de ley que permitirá retirar el sueldo a los parlamentarios autonómicos, tal y como prometió la presidenta castellanomanchega, María Dolores de Cospedal. Según fuentes parlamentarias, el grupo parlamentario popular registró el miércoles la propuesta de reforma del Reglamento de las Cortes, iniciativa que será calificada el lunes por la Mesa de la Cámara. La reforma afecta en concreto al artículo 11 c, en el que se establece que los diputados que opten por dedicarse de manera exclusiva y única a las tareas parlamentarias, además de la indemnización que reciben todos, percibirán un sueldo en función de las tareas, cargo y responsabilidades de cada uno.

El propósito del PP es que los parlamentarios dejen de tener un sueldo fijo y que comiencen a percibir sólo dietas por su asistencia a plenos y comisiones, como ocurría en Castilla-La Mancha hasta que en 1997 comenzaron a cobrar un salario mensual. Gracias a esta reforma, los diputados castellanomanchegos dejarán de percibir su salario a partir del 1 de enero de 2013, motivo por el que el Gobierno regional ha reducido en un millón de euros la asignación a las Cortes de Castilla-La Mancha para el año próximo.

Una vez reformada la ley, será la Mesa de las Cortes la encargada de establecer el nuevo régimen retributivo de los parlamentarios, que, en principio, percibirán dietas, gastos y una indemnización. Actualmente, un parlamentario castellanomanchego percibe una indemnización de 13.000 euros, cantidad que se suma a un salario de alrededor de 37.000 euros al año, 44.000 euros si preside una comisión y 56.000 si es miembro de la Mesa o la Junta de Portavoces. En principio, según ha explicado el presidente de las Cortes, Vicente Tirado, sólo seguirán cobrando un sueldo 42 de los 49 parlamentarios que ahora se sientan en las Cortes autonómicas.

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha defendido que la retirada de los sueldos a los diputados es "un ejercicio de responsabilidad" con los ciudadanos de la comunidad, a los que se ha pedido un esfuerzo mayor que a los del resto de España para sanear las cuentas públicas. Cospedal ha explicado, además, que esta reforma permitirá que todo aquel que se quiera dedicar a la política lo pueda hacer y al mismo tiempo desarrollar una actividad privada, ya sea "médico, fontanero, ama de casa o profesor".

Sin embargo, el PSOE castellanomanchego ha criticado la propuesta al entender que supone "torpedear la línea de flotación de la democracia" y un intento de desviar la atención de los recortes que ha aplicado el Ejecutivo de Cospedal. Aun así, los socialistas han dicho estar dispuestos a negociar la retirada de los sueldos de los diputados, siempre y cuando antes se hable de las retribuciones de los miembros del Gobierno y de su presidenta.