El Partido Popular anunció que mañana recurrirá ante el juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, "la utilización" del informe pericial que concluye que la Generalitat Valenciana vulneró la normativa de contratación pública. Además, exigirá "la nulidad de cuantas actuaciones se puedan derivar de los mismos".

El coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo, aseguró ayer que la información publicada en los medios de comunicación sobre la "pretendida ilegalidad" de contratos que firmó el gobierno de Francisco Camps es fruto de "la política de intoxicación del Gobierno".

Según dicho informe de la Unidad de Auxilio Judicial, varios organismos de la Generalitat tramitaron con las sociedades de la red Gürtel 85 expedientes -de los que 76 correspondieron a contratos menores por razón de cuantía, por lo que se adjudicaron directamente- por un total de 7.251.062,46 euros.

El juez Pedreira, tras recibir este documento, pidió a la Generalitat Valenciana que le informe sobre la identidad de los responsables de 17 departamentos que contrataron con empresas de la trama.

Según Trillo, estos informes fueron elaborados por una unidad de apoyo a la Fiscalía Anticorrupción que tiene carácter administrativo, "sin valor de imparcialidad", por lo que "carecen de relevancia pericial y mucho más aún judicial".

Por su parte, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, ex conseller de Justicia en la Generalitat Valenciana, se apresuró a negar las acusaciones y aseguró ayer que "jamás" contrató a ninguna de las empresas de la trama Gürtel que están siendo investigadas.

En un comunicado personal hecho público ayer tras conocerse un informe pericial que concluye que el Gobierno valenciano vulneró la normativa de contratación pública, De Rosa desmintió "cualquier información" que vincule su gestión al frente de la Consejería de Justicia valenciana con la investigación sobre el caso Gürtel del TSJM.