El PSOE considera que el testimonio de María Dolores de Cospedal ante el juez sitúa a Mariano Rajoy "en el epicentro" de la investigación porque demuestra su "pacto secreto" con Luis Bárcenas, un extremo negado por dirigentes del PP, que, por el contrario, acusan al ex tesorero de engañar y robar al partido. El caso Bárcenas es "el de un sinvergüenza que ha utilizado a un partido político", a juicio de la diputada regional castellano-manchega del PP Cesárea Amedo, y el ex tesorero es "un presunto delincuente que ha robado a la empresa en la que trabajaba", según la definición del secretario general de los populares andaluces, José Luis Sanz.

El PP de Andalucía ha expresado, a través de Sanz, su apoyo a la versión ofrecida ante el juez Pablo Ruz por el ex secretario general Javier Arenas y se ha mostrado partidario de "aumentar los controles" en las finanzas del partido, algo que corresponde a la dirección nacional y que requiere un cambio en los estatutos. Cospedal, secretaria general del partido y presidenta de Castilla-La Mancha, que ha negado ante el juez la caja B del PP y ha explicado que el control de las donaciones corresponde al tesorero, ha recibido el apoyo de dirigentes de su formación en toda España.

En el PP castellano-manchego, no sólo la diputada Arnedo destacaba la importancia de su testimonio para "echar por tierra" todas las mentiras dichas sobre ella, sino que también el senador y portavoz adjunto del partido en esa Comunidad, Miguel Ángel Rodríguez, aseguraba que esta formación es un ejemplo de "honestidad y honradez", que ha seguido la comparecencia con la "conciencia tranquila" de que "se han hecho bien las cosas".

Desde Santiago de Compostela, la portavoz del PP de Galicia, Paula Prado, ha descartado que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tenga que comparecer en el Parlamento autonómico para explicar las cuentas de su partido porque, según ha señalado, a él "no le van a marcar la agenda las declaraciones de un señor que tiene cerca de 50 millones de euros de dudosa procedencia en Suiza". En el País Vasco, el diputado del PP Leopoldo Barreda ha denunciado el "montaje que se ha querido extender como una mancha de aceite sobre el partido por parte de Bárcenas, como una estrategia de defensa", y el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, también arremetía contra el extesorero, si bien advertía: "Si hubiera algo de cierto, el que la haga que la pague".

Incluso el presidente de Foro Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, que compareció ante el juez como ex secretario general del PP, ha respaldado públicamente el testimonio de Cospedal al considerar "normal" que la actual secretaria general no conociera los detalles del funcionamiento de la Tesorería, porque "no hay relación jerárquica ni de competencias compartidas".

En cambio, el secretario de Organización del PSOE, Óscar López, ha afirmado que el testimonio de Cospedal ha situado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "en el epicentro" de la investigación, ya que, a su juicio, la "gravedad" de lo declarado por la secretaria general consiste en que muestra el "pacto secreto" del jefe del Ejecutivo con Bárcenas. El número tres de los socialistas ha anunciado que su partido estudia una decena de acciones judiciales "contundentes" y también parlamentarias, sin descartar una moción de censura, y dará a conocer la semana próxima las que finalmente emprenderá, con el objetivo de conocer toda la verdad, reclamar la dimisión de Rajoy y exigirle "que dé explicaciones de por qué mintió" al Parlamento.

En Málaga, el portavoz de Izquierda Plural en el Congreso, José Luis Centella, ha recalcado que las declaraciones de Cospedal y sus antecesores suponen "entrar en una fase en la que se impone el sálvese quien pueda en el PP", aunque "eso significa disparar hacia arriba", pero aunque sólo el gerente fuera responsable de las cuentas, no eximiría al partido de responsabilidad. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, considera, por su parte, que el PP "está siendo presa de sus propias artimañas", pues "lleva mucho tiempo escondiéndose" y "negando evidencias", en tanto que la portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha puesto el énfasis en que Arenas y Álvarez-Cascos no negaron la contabilidad B en su partido, sino que se limitaron a decir que no les constaba "para no cometer delito de perjurio".