El PSOE pide adelantar a 2013 la retirada del grueso de tropas de Afganistán
López Garrido cree que España "no puede ser el último país" en retirarse de esta misión.
Madrid/El portavoz de Defensa del PSOE, Diego López Garrido, ha pedido al Gobierno que el grueso de las tropas desplegadas en Afganistán regrese el próximo año, en vez de hacerlo en 2014 como está previsto, y ha afirmado que España "no puede ser el último país" en retirarse de esta misión. López Garrido ha considerado justificado acelerar la salida del país asiático al estar casi concluido el cometido del contingente español en la provincia de Badghis y por los recortes de gasto a los que obliga la crisis económica. "El acuerdo con los aliados es hasta 2014, pero los ritmos los tiene que marcar cada país de acuerdo con los demás. Muchos países están retirando más aceleradamente sus tropas o lo han hecho por completo, como Francia. España no puede ser el último país que se repliegue en Afganistán", ha argumentado López Garrido.
El plan actual es que el contingente, integrado ahora por unos 1.500 soldados, se reduzca en un 10 por ciento antes de fin de año; el 40 por ciento, en 2013, y la otra mitad, a lo largo de 2014. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha apuntado que no se descarta anticipar los plazos si la seguridad de las tropas y el acuerdo con los aliados lo permiten.
Según López Garrido, el Gobierno "está mareando la perdiz cuando va a tener inevitablemente" que acelerar la retirada. "No tiene sentido dejar el grueso del repliegue para 2014", ha añadido. Ha puesto como ejemplo el caso del Líbano, de donde la mitad de las tropas de España regresará antes de fin de año. El portavoz del PSOE ha ofrecido a Morenés que el futuro de las misiones de paz forme parte de un pacto de Estado con su partido sobre los grandes capítulos de la política de defensa. Con tal fin, ha enviado una carta al ministro para buscar "desde ya" el consenso necesario sobre cómo resolver los problemas que tiene la defensa en "un momento muy difícil económicamente".
Además de las misiones, este gran acuerdo abordaría el modelo de las Fuerzas Armadas (FAS) para la próxima década, la reducción de su plantilla y la financiación de los programas de compra de armamento, así como la viabilidad de la industria militar española. López Garrido ha tendido la mano al diálogo a pesar de discrepar frontalmente de la nueva Directiva de Defensa Nacional, el documento presentado por el Gobierno el pasado día 1 en el que se recogen los riesgos que España tendrá que encarar en los próximos años. El portavoz socialista ha tildado este texto de "decepcionante" por mirar "más al pasado que al futuro". A su entender, la Directiva es "regresiva, trasnochada y renacionalizadora", al poner más énfasis en la disuasión para proteger Ceuta y Melilla que en la relación de España con los foros multilaterales o en la amenaza del yihadismo. Lamenta además que solo se realce "el aspecto amenazante" de la 'primavera árabe' y que se compare el problema del narcotráfico en Iberoamérica con el de la piratería en el Golfo de Guinea. López Garrido se ha quejado de que este documento se haya aprobado por "el método que el Gobierno utiliza en todo, como en política económica, que es no contar con nadie" y hacerlo "de espaldas" al Parlamento.
Respecto a los recortes presupuestarios que está sufriendo el Ejército, López Garrido ha avisado que "no se puede ir mucho más allá de lo que se ha hecho" para no poner en riesgo la seguridad. A su entender, los márgenes de ahorro pasan por tener unas FAS "modernas y flexibles" con menos soldados. El diputado del PSOE ha estimado un "buen punto de partida" la propuesta del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) de recortar la plantilla en 15.000 militares y 5.000 civiles hasta el año 2025.
López Garrido ha instado a Morenés a presentar de forma inmediata un plan de refinanciación de los programas especiales de armamento, entre los que están el avión Eurofighter o el de transporte A400M, que acumulan una deuda de unos 30.000 millones de euros. Ha recordado que la mayoría de estos contratos se firmaron en la etapa de José María Aznar en el poder (1996-2004) y que ahora se han comprobado que fueron un "dispendio exagerado".
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