El PSOE propone que la reforma constitucional que está promoviendo incorpore una regulación "de manera acabada" de las competencias locales, para mantener la cercanía en la prestación de los servicios e incluir una financiación propia de los ayuntamientos en la Carta Magna, que incluya su participación en los ingresos de las comunidades. En este nuevo modelo de financiación local, el PSOE propone suprimir muchas de las exenciones y bonificaciones, entre las que se encuentran las que se conceden a los bienes y actividades de entidades religiosas. Además, dejan constancia de que es un exceso mantener cinco niveles de administración.

En el documento aprobado el sábado por los socialistas en el Consejo Territorial se apuesta por que los ayuntamientos mantengan la prestación de servicios para lo que, consideran, es fundamental que tengan aseguradas sus competencias. Los socialistas buscan que se regule "de forma acabada la autonomía local como un pilar en la articulación territorial del Estado" y que se prevea en esa reforma constitucional que el desarrollo del régimen local se haga a través de ley orgánica. La modificación de la Carta Magna pasaría, así, por incluir las competencias propias, ajustadas a lo que los ciudadanos piden a sus ayuntamientos y una financiación incondicionada.

Dentro de un nuevo marco que redefina simultáneamente la financiación local y la autonómica y estatal para que cada uno de los niveles de administración disponga de los recursos suficientes, propugnan el "pleno desarrollo constitucional" que prevé la participación de los entes locales en los ingresos de las autonomías. Además, consideran necesario crear una "factura fiscal local integrada anual" en la que aparezcan reflejados todos los tributos municipales.

En materia de impuestos, el grupo socialista señala que, en el de la propiedad, se deben definir bases imponibles tan actualizadas como sea posible y destaca la "rápida" actualización que se hace de los valores catastrales por la evolución del mercado. En este marco, incluyen también la redefinición del impuesto de actividades económicas, así como las tasas y públicos con el fin de "elevar su capacidad de gravar eficazmente el beneficio particular que se obtiene del uso privativo de bienes y servicios públicos".

Pero, para el PSOE, no todos los ayuntamientos deben tener un trato igualitario. Propone un modelo dual de financiación estableciendo el umbral en los 20.000 habitantes. Así, los pequeños dispondrían de los tributos obligatorios y de un sistema de transferencias incondicionadas del Estado y las comunidades, y los más grandes dispondrían de márgenes amplios para ejercer su capacidad normativa y participar de los ingresos del Estado y de las comunidades.

Asimismo, el partido considera que "la solución a la intermunicipalidad no puede pasar por mantener o defender cinco niveles de asistencia en la gestión a los municipios", aunque no precisan cuál de ellos se debería suprimir. En cualquier caso, muestran su oposición a que no se supriman municipios.