CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y CUP, que tienen mayoría en el Parlamento catalán, han presentado en el registro de la Cámara una petición para celebrar un pleno extraordinario el 19 de septiembre destinado a aprobar la ley de consultas, con la que el Gobierno catalán pretende avalar la convocatoria del 9 de noviembre. Los portavoces de los cinco grupos han pedido así la convocatoria de una Junta de Portavoces "extraordinaria y urgente" para acordar formalmente la convocatoria de este pleno para el viernes de la semana que viene, según el documento presentado en el registro de la Cámara catalana.

Algunos grupos quieren que la ley de consultas populares no refrendarias y de participación ciudadana sirva para dar cobertura legal a la consulta soberanista del 9-N, como es el caso de CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP, fuerzas políticas que acordaron con el Gobierno catalán el pasado diciembre la fecha y la doble pregunta de dicho referéndum. Aunque el PSC votará a favor de la ley, incluso aunque no se acepten las enmiendas que ha presentado, ya dejó claro que, bajo su punto de vista, dicha norma no puede amparar la convocatoria de la consulta del 9-N.

El caso es que, con el anunciado apoyo de los socialistas, la ley saldrá adelante en un pleno extraordinario que llegará justo después del debate de política general -que se celebrará del lunes al miércoles- y solo un día después del referéndum escocés del jueves 18 de septiembre. Una vez que se apruebe el día 19 la ley de consultas, se prevé que el presidente catalán, Artur Mas, firme en cuestión de horas el decreto de convocatoria de la consulta del 9-N, aunque el Gobierno ya ha avanzado que presentará un doble recurso al Tribunal Constitucional para que suspenda la propia ley y el decreto oficial.

No obstante, la Generalitat y los partidos favorables a la consulta insisten en que la normativa es acorde a la Constitución y al Estatuto, después del visto bueno que dio el Consejo de Garantías Estatutarias a finales de agosto. Este órgano consultivo de la Generalitat validó por mayoría la constitucionalidad del dictamen de la ley catalana de consultas populares no refrendarias, aunque cuatro de los nueve miembros del Consejo votaron en contra.