El Gobierno aprobará el próximo martes las nuevas normas que se deberán guardar en España hasta que se encuentre una vacuna o remedio contra el Covid-19. Estas normas se mantendrán mientras dure la emergencia sanitaria, que es un proceso que liderarán las autonomías. Es decir, desde el 21 de junio, los gobiernos autonómicos serán los responsables de hacer guardar estas normas y de tener planes de contingencia ante los nuevos brotes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adelantado este domingo algunas de estas normas. Las mascarillas serán obligatorias desde los seis años, y habrá medidas de limitación de concentraciones humanas en aulas, centros de trabajo y negocios. El Gobierno autoriza a la Agencia Española de Medicamento para que permita la fabricación de nuevos modelos de equipos de seguridad. Las comunidades autónomas tendrán que contar con planes de contingencia ante los brotes, para detectarlos con prontitud y rastrear los contactos. Cualquier persona sospechosa de Covid-19 tiene que contar con una prueba por PCR.

Las concentraciones, por tanto, estarán limitadas, lo que afectará a la celebración de ferias, romerías y otros tipo de concentraciones lúdicas.

"Lo que hemos vivido parece una pesadilla, pero ha sido muy real, tan real que otros países lo están viviendo con la misma crudeza (...) En España quedan lejos los días en los que contábamos los fallecidos en cientos al día, el riesgo está ahí y puede volver, la segunda ola no es un invento, por eso el próximo martes aprobaremos un real decreto ley con las normas que debemos seguir para evitar rebrotes", ha indicado Sánchez.

Pero, con independencia de los planes de los gobiernos, el presidente ha subrayado que lo más importante es la disciplina individual. Detrás de cada nuevo brote, ha asegurado Sánchez, hay "una imprudencia", una reunión de más personas de las permitida, un viaje no autorizado, una fiesta fuera de control. Sánchez se ha dirigido, en especial, a los más jóvenes, algunos de los cuales han protagonizado botellones en algunas ciudades españolas.

El estado de alarma dura hasta el 21 de junio, pero las autonomías en la fase 3 asumen el mando, hasta el punto de que pueden decidir si se acaba antes de los 15 días habituales. No obstante, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, no tiene intención de reducir este plazo, sino de agotarlo hasta que la nueva normalidad llegue a toda Andalucía a finales de junio.

Pedro Sánchez ha celebrado este domingo lo que ha sido la décimo tercera conferencia de presidentes autonómicos. Hasta la declaración del estado de alarma, y desde el inicio del Estado autonómico, se habían celebrado sólo seis reuniones de este tipo. Cada una de ellas necesitaba de una amplia preparación y acuerdo político, y muchas no contaron con los presidentes catalán y vasco.

El presidente del Gobierno ha adelantado que el 21 de junio se cobrará la primera paga mensual del Salario Mínimo Vital, que beneficiará a 75.000 familias, unas 250.000 personas. Las comunidades autónomas también recibirán 16.000 millones de euros del fondo Covid-19, que deberán destinarlo, de modo especial, a la sanidad y a la educación pública. Es una transferencia directa, una financiación extraordinaria que no se rembolsará.

Habrá un primer tramo de 6.000 millones para cubrir gasto sanitario, que se pagará en julio. El criterio de reparto será el gasto en sanidad, no la población, aunque relacionada con ésta. Otro de 3.000 millones que se abonará en noviembre, también para gasto sanitario. Un tercer tramo de 2.000 millones se pagará en septiembre y será para la educación pública. Y habrá 5.000 millones de euros que se pagará en diciembre para tapar parte de la caída de ingresos por impuestos en las comunidades de régimen foral.

Pedro Sánchez ha subrayado que este fondo debe destinarse a mejorar el sistema público de salud, del que entiende que no estaba todo lo bien preparado que se suponía antes del estado de alarma. Ha dicho que le preocupa, de modo especial, la situación de la asistencia a los más mayores.