El vocal del Consejo General del Poder Judicial y catedrático de derecho penal Jose Manuel Gómez Benítez ha presentado una denuncia en la Fiscalía General del Estado contra el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, por una supuesta malversación de fondos públicos, informa el diario El País.

En la denuncia se acusa a Dívar de haber pagado con fondos públicos, por un valor de cerca de 6.000 euros, el importe de una habitación en un hotel de lujo de Marbella y varias cenas en esa misma localidad, durante seis fines de semana. Según Gómez Benítez estos viajes no tenían relación con actividades vinculadas a su cargo como presidente del Tribunal Supremo y supusieron también el desplazamiento a Marbella de siete escoltas con unos gastos estimados en 27.000 euros.

Carlos Dívar se ha mostrado sorprendido por la denuncia y ha insistido en la  "diferenciación" entre gastos personales y los realizados con cargo al presupuesto del Consejo, que están "perfectamente documentados y justificados".  Todos sus gastos han sido "tramitados legalmente con la fiscalización de la interventora delegada de la Intervención General del Estado, una vez comprobada la corrección del gasto". Según explica Dívar en una nota, Gómez Benítez no informó de esta "iniciativa personal" ni a él ni al propio Consejo del que forma parte, por lo que no utilizó "los cauces sobre iniciativas y propuestas previstos en las normas que regulan la organización y funcionamiento del Consejo". El presidente muestra su "absoluta confianza en la actuación rigurosa e independiente de la Fiscalía", a la que ofrece tu total colaboración, por lo que pondrá a disposición del Ministerio Público "cuanta información y documentación considere procedente". Dice también que seguirá actuando con la máxima transparencia, "como bien sabe el vocal denunciante, a quien se han facilitado en todo momento los documentos y justificantes que ha venido solicitando" sobre los gastos de los viaje del presidente y otros vocales del CGPJ. Así, recuerda que el Tribunal de Cuentas está llevando a cabo, por primera vez en un órgano constitucional del Estado, una auditoría de sus cuentas, "y el mínimo respeto institucional a su labor fiscalizadora debiera de haberse tomado en consideración antes de presentar una denuncia sobre estos aspectos".

Sobre los aspectos de la denuncia relativa a su servicio de escolta, Dívar precisa que las decisiones sobre tal dispositivo corresponde al Ministerio del Interior "y en su adopción, por motivos propios, no interviene, ni puede intervenir, el Consejo ni su presidente". Sobre este último punto el número de escoltas que integran la "capsula de seguridad" que lleva Dívar en sus viajes no la decide el presidente, sino el Ministerio del Interior, si bien los gastos de alojamiento y manutención que genera dicho dispositivo sí son asumidos por el Consejo del Poder Judicial.

Por su parte, un grupo de vocales presentes en la sede del Consejo han celebrado una reunión de urgencia en la que han acordado que la institución no se pronunciará como tal hasta que lo haga la Fiscalía. Otra cosa es que Dívar justifique como presidente ante la sociedad lo ocurrido en una nota de prensa, según otras fuentes consultadas. La mayoría de ellos no supieron nada de la iniciativa adoptada por su compañero, aunque sí eran conscientes de que Gómez Benítez llevaba tiempo reclamando a la Secretaría General de este órgano datos concretos sobre los viajes realizados por el presidente, que se le facilitaban sin ningún problema. Según algunos vocales, no era para nadie ajeno la mala relación de Gómez Benítez con el presidente ni con otros integrantes de esta institución, si bien nadie esperaba que el vocal designado a propuesta del PSOE tomará la decisión de acudir a la Fiscalía General con su denuncia. También apuntan que previsiblemente todo se aclarará, aunque la iniciativa de Gómez Benítez causa gran daño a la institución.