España

Prisión para los cuatro radicales detenidos en Pamplona por terrorismo callejero

  • Grande-Marlaska les imputa los delitos de integración en Segi y estragos y daños terroristas.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska decretó hoy el envío a prisión de los cuatro jóvenes detenidos el pasado lunes en Navarra por diversos actos de terrorismo callejero. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional imputa a los cuatro jóvenes los delitos de integración en Segi, declarada organización terrorista por el Tribunal Supremo junto con Jarrai y Haika, y de estragos y daños terroristas. 

Iñaki Marin Mercero, Diego Javier Octavio Marticorena, Mikel Marin Irurozqui e Iker Aristu Echevarria fueron detenidos el pasado lunes en el marco de la operación contra la kale borroka en Navarra que comenzó la semana pasada en la que fueron detenidos otros cuatro jóvenes el martes pasado en Pamplona y Barañain, tres de los cuales siguen en prisión. 

Se trata de Iker Araguas, Ibai Azkona y Gorka Sueskun fueron enviados a la cárcel acusados de estragos, posesión de artefactos incendiarios y pertenencia a Segi. Al cuarto, Mikel Flamarike, el magistrado lo dejó en libertad provisional con obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado.  

También hoy, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decidió procesar por un delito de terrorismo al acusado de cometer actos de 'kale borroka' Alainde Hernández, en libertad provisional bajo fianza el pasado agosto. La decisión de Pedraz de no dictar en su día prisión provisional para el joven provocó las críticas del Sindicato Unificado de la Policía (SUP) desde el que tacharon al magistrado de "típico pijo rojo de los ochenta" y le acusaron de "no entender el terrorismo".

Tras su detención a primeros de agosto, Pedraz decretó prisión eludible con una fianza de 6.000 euros para Aliande Hernández a pesar de que la Fiscalía pidió el ingreso en prisión del detenido El magistrado ahora le imputa un delito de daños terroristas por los que podría ser castigado con la pena de multa de seis a 24 meses, "atendidas la condición económica de la víctima y la cuantía del daño, si éste excediera de 400 euros".

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