Mariano Rajoy pasó el miércoles en su despacho con personas de su Gabinete y profesionales de la Justicia y el Derecho. Desde el exterior le iban pasando, a través de sms, qué estaba ocurriendo en el Parlamento catalán. Allí estaba un hombre de su plena confianza, José Luis Ayllón, Secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes y de larga trayectoria en la vida parlamentaria en el Congreso. Trabajó en el Parlament codo a codo con el grupo del PP, asesorándoles ante las decisiones que tomaba la presidenta Forcadell para que los diputados populares se atuvieran estrictamente a lo que marcan las leyes y el reglamento.

Todo el Gobierno estaba pendiente de la televisión. Uno de los ministros, en un momento en el que Forcadell, con la cabeza inclinada, escuchaba al secretario general que -se supo más tarde- le explicaba la ilegalidad de lo que se pretendía hacer con la aprobación de la Ley del Referéndum y le advertía que no pensaba firmarla, sin quitar ojo de la pantalla hizo un comentario en voz alta: "No nos van a pillar".

Puigdemont y Forcadell no pensaban que los letrados del 'Parlament' se les fueran a rebelarJunqueras era la 'esperanza blanca' de quienes pensaban que era una persona cabal

Durante los últimos meses, al igual que sus compañeros de Gobierno, había recibido información concreta de cómo afrontaban Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría el desafío independentista. No de una manera minuciosa, que era algo que sin embargo conocían los titulares de Justicia e Interior por razones obvias, pero sí conocían las líneas fundamentales de cómo se iba a ir respondiendo a todas y cada una de las iniciativas que podría tomar Puigdemont. Rajoy por otra parte les daba cuenta de los intentos negociadores con Puigdemont, tanto de forma directa como a través de personas de su círculo, que es lo que intentó Soraya. Pero siempre se encontró con un muro insuperable: el presidente de la Generalitat solo quería hablar del referéndum. De nada más, como explicó el presidente en la declaración institucional que hizo el jueves. Ni de financiación, ni de competencias, ni de tomar alguna medida que diferenciara a Cataluña respecto al resto de las comunidades aunque manteniendo los mismos derechos para los ciudadanos de todas ellas. Nada. Solo del referéndum. El único punto que para Rajoy era innegociable porque es ilegal desde todos los puntos de vista.

Hacia el abismo

Tras los atentados yihadistas, hubo quien pensó que Puigdemont podría encontrar un motivo para reconsiderar su viaje a ninguna parte y hacer de la lucha contra el terrorismo su prioridad, aparcando temporalmente el referéndum. Pero Puigdemont, que cabalgaba ya en un caballo enloquecido que se dirigía hacia el abismo, no atendió a ningún tipo de razonamiento: prefería el abismo. Un abismo que incluso le atrae: desde su entorno se cuenta desde hace tiempo que sueña con ser el nuevo Companys y, al igual que el ex presidente de la Generalitat que provocó una gravísima revuelta social, aspira a proclamar la independencia y ser conducido a prisión.

Cómo respiraba Puigdemont respecto al atentado terrorista que le habría dado oportunidad de dar marcha atrás, lo sabía todo el mundo, pero lo describió muy bien Rodríguez Zapatero cuando se dirigía hacia Barcelona en el avión que Mariano Rajoy había ofrecido a altos cargos institucionales y dirigentes de otros partidos que quisieran sumarse a la manifestación. Zapatero, que fue quien abrió el melón del independentismo al promover la reforma del Estatut, al menos sí demostró conocer lo que pasaba por la cabeza de Puigdemont cuando, a un compañero de avión le comentó: "No vamos a una manifestación contra el terrorismo y de apoyo a las víctimas, sino a una manifestación contra el Estado". Acertó.

EL FUTURO DE JUNQUERAS

Lo que se ha visualizado esta semana es que las instituciones del Estado estaban más preparadas para el desafío que las autoridades independentistas catalanas. No mentía Soraya Sáenz de Santamaría y su equipo cuando decían que tenían respuesta a cada uno de los pasos que pudiera dar Puigdemont y el Parlamento catalán. Su estrategia de no dar ni una pista sobre cuál era la respuesta se ha demostrado acertada. Por ejemplo, Puigdemont y sobre todo Junqueras -que teme a la inhabilitación que cercenaría su carrera hacia la Generalitat- habían organizado todo para firmar el decreto de convocatoria del referéndum en cuanto se aprobara la ley, para no dar tiempo a que el Consejo de Estado elaborara su informe preceptivo, se reuniera el Consejo de Ministros para decidir presentar recurso al Tribunal Constitucional y se reuniera el TC para dictaminar que la ley era inconstitucional. Sin embargo, como esa convocatoria inmediata sí la habían previsto quienes trabajando desde hace meses para impedir el referéndum, el TC ya había enviado el pasado mes de febrero al Govern una notificación previa con la lista de leyes, normas y decisiones que eran inconstitucionales, incluido el referéndum. Por tanto, la rapidez en firmar la convocatoria no les exime de la comisión de un delito, porque conocían su ilegalidad.

Eso coloca en una difícil situación a Junqueras que, hasta hace unas semanas, antes del "espectáculo" vivido el pasado miércoles en el Parlamento catalán, era la esperanza blanca de quienes pensaron durante un tiempo que era una persona cabal -aunque hacía tiempo que Soraya Sáenz de Santamaría y Miqel Iceta ya conocían cómo respiraba- y, tras unas elecciones autonómicas adelantadas, podría presidir un Gobierno de ERC con el PSC.

La prueba de que el Gobierno central estaba más preparado que el autonómico para cumplir cada uno de ellos su objetivo, en un caso celebrar el referéndum, y en el otro abortarlo, es que, aparte de los datos ya apuntados, es que Puigdemont y Forcadell no contemplaron que los funcionarios se negasen a seguir su juego suicida. No pensaron nunca que podrían rebelarse ante la ilegalidad el secretario general del Parlament y del gabinete jurídico de la Cámara. Aunque tampoco demostraron mucho respeto a su postura de defensa de la legalidad: Forcadell, cuando el secretario general del Parlament se negó a firmar la Ley del Referéndum, no dudó en enviar el texto al boletín oficial de las Cortes catalanas vía telemática desde su propio ordenador, falsificando el sello de la secretaría general.

Los independentistas no han contado con asesores jurídicos que les indicaran cómo actuar si el secretario general del Parlament se negaba a firmar una ley, o cuales eran las condiciones indispensables para que un referéndum pudiera celebrarse. Por no prever, ni siquiera han tomado una decisión sobre qué hacer con sus diputados nacionales. Tardá y Rufián han declarado que quieren mantener sus escaños en el Congreso. ¿Pueden hacerlo si Cataluña se declara república independiente? Difícilmente esos dos diputados tan conocidos por sus exabruptos antiespañoles, podrán mantener su interés por sentarse en el Parlamento español si su partido monta el bochornoso e ineficaz espectáculo de proclamar una república independiente desde el balcón del Palau de la Generalitat.