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Rigau niega que presionaran a los directores de los institutos para abrir el 9-N

  • "Habría sido una contradicción, porque un movimiento con voluntariado no se hace con coacciones", explica la ex 'consellera'.

Mas, Ortega y Rigau dejan el tribunal.

Mas, Ortega y Rigau dejan el tribunal. / EFE

La ex consellera de Enseñanza Irene Rigau ha negado que presionaran a los directores de instituto para que abrieran las puertas de los centros para la votación del 9-N y ha asegurado que en ningún caso tiene conciencia de haber desobedecido al Tribunal Constitucional, porque no recibió ninguna advertencia.

En el juicio por la consulta del 9-N, que ha arrancado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Rigau, que únicamente ha respondido a su abogado, Jordi Pina, ha negado haber presionado a los directores de instituto para que colaboraran con la consulta: "Habría sido una contradicción, porque un movimiento con voluntariado no se hace con coacciones", ha esgrimido.

La consellera ha reconocido que se efectuaron reuniones informativas con algunos directores del área de Barcelona, porque plantearon dudas sobre las consecuencias de abrir el 9-N, aunque ha aclarado que el único problema lo tuvieron con el IES Pedraforca de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que considera que supone un "caso singular" porque ve un "trasfondo político" en las reticencias mostradas por su directora, Dolores A., que mañana declara como testigo.

Según Rigau, la directora de este instituto, que se negó a ceder el centro para la votación y que en fase de instrucción declaró ante el TSJC que la habían presionado, planteó peticiones en los días previos a la consulta que "iban más allá" de las que solicitaban otros directores.

Por este motivo, según Rigau, en la consellería decidieron "prescindir de este centro" y buscaron otra ubicación. "Se resolvió perfectamente", ha exclamado la consellera.

Según Rigau, cuando la consulta del 9-N se transformó en un proceso participativo -tras la primera suspensión por parte del TC-, decidió que se tenía que garantizar que llegara a todos los directores de instituto la información de que la Generalitat, como responsable de los centros, los cedería a los voluntarios para la votación.

Al igual que los otros encausados -el ex presidente de la Generalitat y la ex consellera Joana Ortega-, Rigau ha afirmado que el Tribunal Constitucional no les remitió ningún requerimiento advirtiendo sobre las consecuencias que supondría no acatar su resolución del 4 de noviembre, en el que suspendía el proceso participativo, y que tampoco les respondió antes del 9-N la petición que plantearon para que aclarara el contenido de su providencia.

Rigau ha recordado que cuando el 4 de noviembre el gobierno catalán recibió la notificación del TC que suspendía la votación del 9N -a través de un correo electrónico-, los servicios jurídicos del ejecutivo catalán plantearon un recurso pidiendo una aclaración porque en la providencia había "puntos oscuros".

"Al cabo de unos meses, siendo diputada y consellera, recibí en mi despacho la visita de un secretario judicial que llevaba un requerimiento (en este caso con advertencia por las votaciones sobre la hoja de ruta independentista del Parlament) y recuerdo perfectamente que, tras leerla y firmarla, le dije: ¿Esto es lo que no nos enviaron el 9-N? Allí entendí que pasaba una cosa distinta", ha rememorado.

Rigau ha señalado que el sábado 8 de noviembre, a las 20.43 horas, recibió un correo electrónico en el buzón genérico de su departamento, en el que la Fiscalía le pedía que aclarara si había dado órdenes a los directores de instituto. "No había ningún requerimiento, sólo me pedían información", ha insistido.

Por este motivo, la ex consellera ha remarcado, a preguntas de su abogado, que no tiene conciencia de haber desobedecido al TC o de haber cometido ningún delito.

Además, ha recordado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo días antes del 9N que el proceso participativo en el que la Generalitat había transformado la consulta inicialmente prevista no tendría ningún efecto jurídico, por lo que se quedó tranquila y convencida de que no estaba transgrediendo ninguna norma.

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