El conflicto catalán

El juez cree que Rusia ofreció el traslado de 10.000 soldados a Puigdemont antes de la DUI

  • El instructor sospecha que Moscú le ofreció también pagar la deuda catalana días antes de la Declaración Unilateral de Independencia

  • La operación policial por el desvío de fondos públicos para costear la estancia del ex 'president' en Waterloo se salda con 21 detenidos

Aspecto de la concentración que varias entidades independentistas han llevado a cabo este miércoles en Barcelona para denunciar la "represión" que a su juicio representan las detenciones de esta mañana. Aspecto de la concentración que varias entidades independentistas han llevado a cabo este miércoles en Barcelona para denunciar la "represión" que a su juicio representan las detenciones de esta mañana.

Aspecto de la concentración que varias entidades independentistas han llevado a cabo este miércoles en Barcelona para denunciar la "represión" que a su juicio representan las detenciones de esta mañana. / Alejandro García (EFE)

El juez que investiga el desvío de fondos públicos para costear los gastos de Carles Puigdemont en Waterloo sospecha que, días antes de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), Rusia le ofreció trasladar a Cataluña a 10.000 soldados y pagar la deuda catalana, lo que el ex presidente catalán rechazó.

Así lo mantiene el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, en los autos de entrada y registro de los domicilios de los empresarios próximos a CDC y a ERC detenidos por la Guardia Civil -Oriol Soler, David Madí y Xavier Vendrell-, en el marco de una causa que investiga el desvío de fondos públicos para pagar los gastos de Puigdemont en Waterloo.

El juez basa sus sospechas en dos archivos de audio intervenidos en el teléfono del ex dirigente de CDC Víctor Terradellas, grabaciones de dos conversaciones que este mantuvo con Madí y con Vendrell los días 14 de mayo de 2018 y 16 de mayo de 2018, según los autos, a los que ha tenido acceso Efe.

Esas conversaciones, según el juez, apoyan su tesis de que Terradellas, que fue responsable de relaciones internacionales de CDC, fue el interlocutor de Carles Puigdemont con Rusia en pleno proceso independentista y que se estudió crear una plataforma de criptomonedas para garantizar la "estabilidad financiera" de Cataluña.

Pinchazos telefónicos

Según sostiene el instructor, en las conversaciones grabadas Terradellas explicó que el 24 de octubre de 2017, tres días antes de la DUI, el jefe de un "grupo ruso" con el que había contactado en relación con la plataforma de criptomonedas ofreció a Puigdemont "contar con diez mil soldados y pagar toda la deuda catalana", pero el ex president "es va cagar a les calces" (se cagó en los pantalones).

De las conversaciones intervenidas el juez concluye que "Rusia habría ofrecido apoyo a Carles Puigdemont hasta el punto de haber trasladado a Cataluña a 10.000 soldados. De haber aceptado, probablemente los acontecimientos habrían sido trágicos y habrían desencadenado un conflicto armado con el Estado con un incierto numero de víctimas mortales", apunta el magistrado.

El auto, basado en intervenciones telefónicas e informes de la Guardia Civil, sostiene además que el "grupo ruso" con el que Terradellas contactó "quería hacer de Cataluña un país como Suiza".

Según las conversaciones intervenidas, Terradellas llevaba cinco meses trabajando como "delegado" con "un grupo de Rusia", creado en la época de Gorbachov, para desarrollar la plataforma de criptomonendas y, en mayo de 2018, tenía previsto viajar a Rusia, a lo que Vendrell se ofreció a acompañarle.

Ese viaje, no obstante, no llegó a llevarse a cabo porque cuatro días antes de la fecha prevista de salida Terradellas fue detenido, en la causa de supuesto desvío de fondos de la Diputación de Barcelona a fundaciones afines a CDC que ha dado pie a la operación de este miércoles.

El auto añade que Vendrell sugirió a David Madí que comentara la posibilidad de la plataforma de criptomonedas con Xavier Vinyals -ex cónsul honorario de Letonia en Barcelona y presidente de la Plataforma pro selecciones catalanas que también ha sido detenido en la operación de hoy-, dado que es una persona a quien Puigdemont "hace encargos en temas internacionales".

Según el auto, el grupo de rusos con el que Terradellas trabajaba tenía interés en "participar en los temas de comunicación que conjuntamente estaban realizando Vendrell, Madí y Jaume Roures -director general de Mediapro- y, para ello, querían "colocar a una persona en primer nivel" y estaban dispuestos a invertir entre 100 y 300 millones.

En las conversaciones investigadas, Vendrell expresó además su "preocupación" porque estaba "bajo vigilancia de los servicios secretos" y quería "garantizar la máxima seguridad para que no trascendiesen las relaciones con Rusia". 

Dos decenas de detenidos

La operación de la Guardia Civil contra el supuesto desvío de fondos públicos para financiar los gastos de Puigdemont en Waterloo se ha saldado con un total de 21 detenidos.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado este miércoles, las detenciones se han practicado en el marco de la tercera fase de la Operación Volhov.

Los detenidos, entre los que también figuran el historiador Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont, están acusados de los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y blanqueo de capitales.

Durante la investigación, la Guardia Civil descubrió entre otros aspectos la supuesta prevaricación en la recalificación de terrenos rústicos para la construcción de un centro de negocios, un restaurante y una escuela concertada en la localidad de Cabrera de Mar (Barcelona), en la zona denominada Villa Bugatti, gestionada por el ex conseller de ERC Xavier Vendrell.

Por este motivo, la Guardia Civil se ha dirigido al Ayuntamiento de Cabrera de Mar, en uno de los 31 registros que se han llevado a cabo a lo largo del día en Barcelona y Girona en el marco de esta investigación.

Según han explicado a Efe fuentes cercanas a la investigación, la Guardia Civil ha tomado este miércoles declaración como investigado al alcalde de Cabrera de Mar (PDeCAT), Jordi Mir, y al arquitecto municipal, Ramon Vilà, para esclarecer su papel en adjudicaciones y subvenciones supuestamente relacionadas con el esquema fraudulento.

Además del proceso de recalificación de esa masía de lujo para que pasara de terreno rústico a urbanizable, la Guardia Civil también detectó supuestas irregularidades por parte de la Conselleria de Educación de la Generalitat en la concesión del concierto de la escuela.

Por este motivo, entre los investigados también figura la directora general de Centros Concertados y Privados del Departamento de Enseñanza, Pilar Contreras.

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