El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad que fueron presentados tanto por el Grupo Parlamentario Vox como por el Grupo Parlamentario Popular contra la reforma de la ley que evita que un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones realice nombramiento en la cúpula judicial.

Ambos recursos fueron promovidos contra la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo --instada por PSOE y Unidas Podemos--, por la que se modificaba la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPD), para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al CGPJ en funciones. Esta modificación supone recortar las atribuciones del órgano de gobierno de los jueces cuando sus vocales se encuentran con el mandato caducado, situación que atraviesa el Consejo desde diciembre de 2018.

En el trámite de admisión, el tribunal de garantías ha acordado dar traslado de la demanda y de los documentos presentados tanto al Congreso de los Diputados, como al Senado y al Gobierno para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.

Según explica el Constitucional en nota informativa, recogida por Europa Press, los recurrentes alegan que la tramitación parlamentaria de la norma impugnada podría contradecir diversos artículos de la Constitución por defectos formales en su tramitación parlamentaria, así como por vulnerar el principio de independencia judicial o la reserva de la Constitución para regular el CGPJ.

VULNERACIÓN DE DERECHOS

Los partidos consideran que en el marco de la tramitación urgente de la reforma de la ley se vulneró, entre otros, el artículo de la Carta Magna por el que se garantiza el principio de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas y seguridad jurídica.

El PP intentó que el órgano de gobierno de la Cámara revocase su decisión de tramitar por la vía de urgencia la reforma que afectaría al CGPJ y también que permitiera que el propio Consejo fuera escuchado durante la tramitación.

Vox alegó en su recurso que la tramitación de la reforma no se produjo conforme a la legalidad, ya que "la misma mayoría política en el Gobierno decidió a conveniencia eludir la exigencia del previo dictamen del CGPJ, a través del medio fraudulento de utilizar al grupo parlamentario controlado por esa mayoría para presentar una proposición de ley".