La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunida Valenciana (TSJCV) no imputará al expresidente de la Generalitat Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en el caso Nóos al considerar que en su actuación no hay indicios de delito. Así, ha acordado devolver el caso al juzgado de Palma. El pasado mes de mayo el juez de Palma, José Castro, elevó al TSJCV su exposición razonada con indicios delictivos sobre Camps y Barberá en relación con su participación en las negociaciones previas a la firma del convenio de los Valencia Summit, por los que el Instituto Nóos, que estuvo presidido por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, percibió alrededor de tres millones de euros públicos.

Cabe recordar que el pasado 2 de septiembre, la Fiscalía Anticorrupción puso de manifiesto, en el escrito que presentó para pedir la imputación de Camps y Barberá, que el TSJCV debería asumir íntegramente el caso Nóos en caso de que finalmente vea indicios incriminatorios contra ambos aforados y considere que efectivamente deben ser encausados. Así, la Fiscalía Anticorrupción solicitó la imputación del expresidente de la Generalitat Valenciana y de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en el marco del caso Nóos, a raíz de su intervención en las negociaciones dirigidas a contratar al Instituto Nóos para la organización del evento Valencia Summit.

Más en concreto, el Ministerio Público atribuye a Camps y Barberá la presunta comisión de delitos de malversación continuada, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad en documento oficial, en la línea de la exposición razonada, de 70 páginas de extensión, que elevó el juez instructor del caso Nóos a la máxima instancia judicial de Valencia para pedir que asumiera la instrucción de estas pesquisas. En un escrito de 135 páginas, la Fiscalía subraya cómo Camps y Barberá, "dada su ascendencia institucional en la estructura jerárquica", quienes transmitieron a sus subordinados las órdenes presuntamente delictivas de beneficiar al Instituto Nóos. El propio juez instructor de la causa, José Castro, postula cómo la contratación de Nóos de cara a impulsar el Valencia Summit respondía "sólo al deseo" de ambos de "doblegarse a las exigencias de Don Iñaki Urdangarín en atención a su parentesco con la Casa de S.M. El Rey".

La Fiscalía apunta que en una reunión en el Palacio de la Zarzuela entre Urdangarín, su ex socio Diego Torres, Camps y Barberá, en el año 2004, donde se negoció la organización del futuro Valencia Summit. Un evento que, según un escrito presentado por Torres ante el juez, se desarrolló el 29 de enero de 2004, casi nueve meses antes de que fuese firmado el convenio para la celebración del Valencia Summit -el 8 de septiembre de ese año-, por cada una de cuyas tres ediciones Nóos percibió 1,044 millones de euros públicos, a pesar de que los investigadores estiman en unos 300.000 el coste real de cada una de ellas. 

Tras ello, según la acusación, ni la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) ni la Fundación Valencia Turismo Convention Bureau (FVTCB), firmantes del convenio para la celebración del evento, abrieron procedimiento de contratación ni investigaron ni documentaron la experiencia y solvencia de Nóos. Además, la elección de la fórmula del convenio permitía adjudicar directamente el proyecto a la entidad, "obviando deliberadamente el incumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia legalmente exigibles". Asimismo, el escrito alude a la presunta intervención de Camps en las negociaciones de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar pero por los que Nóos percibió 382.000 euros del gobierno valenciano.

En este sentido, la acusación recuerda que Urdangarín y Torres se personaron en la Generalitat Valenciana y mantuvieron una reunión con Camps para exponerles el proyecto y proponerse su aprobación, solicitándole financiación pública para desarrollar el mismo. Tras ello, el entonces presidente dio el vio bueno al evento y decidió que fuese Nóos el que liderase su desarrollo. El precio fue fijado de forma unilateral, si bien fue aprobado por Camps sin análisis previo del coste del mismo.

"Sin el beneplácito de Camps, no se comprende ese sometimiento"

El propio magistrado incidía en que la aprobación del convenio por parte de la Generalitat no estuvo precedido de ningún estudio económico ni de mercado, aseverando que "sin el beneplácito del presidente, don Francisco Camps, no se comprende ese sometimiento [del gobierno valenciano] a las exigencias" del marido de la Infanta Cristina. "El objetivo del convenio nunca llegó a cumplirse pero las arcas de la Comunidad Valenciana se vieron reducidas en la suma de 382.203 euros", abundaba. El magistrado destacaba en esta línea la "sorprendente celeridad" con la que fue tramitado este expediente en la medida en que "tres días consecutivos, navideños por demás [a finales de 2005], lo que un es un impedimento jurídico pero sí una no muy usual práctica", bastaron para que en distintos ámbitos administrativos "perfectamente sincronizados entre sí se pudiera informar, concertar y aprobar" el convenio de colaboración para la organización de los JJEE.

Un convenio rubricado por un importe de seis millones de euros que, "al modesto entender" del juez, es "difícilmente conciliable con la serenidad y profundidad con la que se deben abordar cuestiones de tal importancia". Castro hacía hincapié en el hecho de que a la dotación económica de la Generalitat se la llamase "subvención" como "una manera de burlar las ineludibles previsiones de las normas sobre contrataciones de las Administraciones Públicas, que se inspiran en los principios de igualdad y publicidad". Aspectos de los que "deliberadamente se prescindió para contratar arbitrariamente a quien estaba detrás del Instituto Nóos, Don Iñaki Urdangarín, al objeto de que desplegara toda su área de influencias tanto en su condición de vicepresidente del Comité Olímpico Español como en razón de su parentesco con la Casa Real, intencionadamente utilizado para vencer cualquier resistencia".

Barberá: "La Justicia ha hablado muy claro"

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha dicho que "ha hablado la Justicia y ha hablado muy claro". La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado asumir la instrucción del caso Nóos en lo que se refiere al expresident de la Generalitat Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y ha pedido que se devuelva todo a Palma. Barberá, que se encontraba presente en el hemiciclo de Les Corts al recibir la noticia -es diputada autonómica por el PP-, ha recibido las felicitaciones de varios compañeros de grupo, entre ellos la del presidente de la Diputación de Valencia y del PP de la provincia, Alfonso Rus. Asimismo, ha informado de que ha recibido llamadas del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y del propio Camps, entre otras. Camps había acudido esta mañana al inicio del debate sobre el estado de la Comunitat pero en el momento en que se empezó a conocer la noticia ya no se encontraba presente en el hemiciclo.

"Al parecer no se ve indicio de delito respecto a Camps y a mí misma, es lo único que sé porque no me ha dado tiempo de más. Quiero decir, con la misma serenidad, moderación y respeto con el que he dicho algo cada vez que salía información en dirección contraria, que ha hablado la Justicia y ha hablado muy claro", ha asegurado la alcaldesa. "Siempre he esperado que fuese así, porque ni firmé ni decidí nada más que cosas buenas para Valencia. No me cabe más que manifestar mi respeto, siempre he tenido confianza en la Justicia y ahora la renuevo", ha añadido.

Asimismo, ha dicho que no recomienda a nadie que pase "meses o algún año con esta inquietud" y ha reconocido que el haber pasado por esa situación le ha servido para fortalecerse y "forjarse". "Te das cuenta de quién estaba deseando ya que me condenaran, lo he visto. Pero ahora solo quiero seguir trabajando por Valencia con más ilusión que nuca y decirle a los valencianos que sigan confiando en mí. Han querido organizar algún tipo de halo feo en mi entorno, pero ha hablado la Justicia y ya está", ha concluido.