El nuevo curso político no comenzó el pasado viernes cuando el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, compareció tras el Consejo de Ministros para comentar la complicada agenda política de septiembre, con la crisis económica copando casi todo el espacio. El arranque objetivo de la nueva temporada política se produjo un día antes, cuando la recesión en España situó al PIB por debajo del 4,2% y elevó el paro al 17%.

La ralentización de la caída económica, a la que el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, se aferró con poca convicción para aliviar la crudeza de los datos, apenas si ha sido un espejismo de brote verde. Ayer mismo se hicieron públicos los datos del paro del mes de agosto: 84.985 personas más engrosaron las listas de las oficinas del INEM, y los parados ya forman un pequeño ejército de 3.629.000 personas. Esta cifra objetiva marcará la tendencia de lo que resta de este annus horribilis para la economía española.

Más allá de la importancia que la gripe A, las expectativas de la presidencia española de la UE en el primer semestre de 2010, la acción del Gobierno vasco contra los espacios de impunidad que el entorno de ETA mantiene, las denuncias del PP de persecución policial y judicial hacia sus militantes y la esperada sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto catalán, será la cruda realidad económica la que marcará la agenda del Gobierno.

De entrada, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero halló dificultades incluso para convalidar en el Congreso el decreto paliativo de 420 euros para los parados que hayan agotado la prestación y el subsidio de desempleo. La fecha de referencia del 1 de agosto no convenció a los portavoces de la oposición, que defendían un carácter más universal de la protección y que exigían el 1 de enero ante el 1 de junio que ofrecieron los socialistas para cerrar un acuerdo.

Aunque el decreto no llegará al Congreso para su debate y convalidación hasta el próximo 17 de septiembre, el PSOE y el Gobierno solventaron ayer mismo el asunto, toda vez que CiU tenía previsto llevar al Pleno del próximo martes una moción en la que incluía el 1 de enero como fecha de referencia. Finalmente, cerraron un acuerdo con las formaciones parlamentarias de izquierdas (ERC-IU-ICV y BNG) aceptando ampliar las ayudas a principios de año. Nadie dudaba que Alonso le allanaría a Zapatero la comparecencia que tiene prevista para el día siguiente en el Parlamento con un acuerdo.

Solventado el asunto de los 420 euros, con el sobrecoste de 100 millones de euros por mes ampliado, la comparecencia pendiente de Zapatero tiene aún mucha miga. Aparte de dar explicaciones de los malos datos del PIB y el paro en particular y de la evolución de la economía española en general, el presidente del Gobierno tendrá la obligación de cimentar los acuerdos parlamentarios para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2010. Para ello, deberá satisfacer las expectativas de los grupos parlamentarios de izquierdas (ERC, IU-ICV y BNG), que, con siete escaños, completan la mayoría absoluta y que vinculan su apoyo presupuestario a una reforma fiscal que incluya cambios en los tipos de IRPF para las rentas altas. O, por el contrario, tendrá que dar pasos hacia un acuerdo con CiU, PNV y CC, que no imponen esta deriva fiscal.

El apoyo de las formaciones de izquierdas a la ley de Financiación Autonómica, que será aprobada el próximo 11 de septiembre por el Consejo de Ministros, y el acuerdo sobre los 420 euros sitúan a estos grupos como los socios mejor posicionados. Pero no sería la primera vez que el PSOE y el Gobierno prefieren en asuntos económicos a los nacionalistas para completar mayorías parlamentarias.

Además, Zapatero tendrá que lidiar con el líder de la oposición, Mariano Rajoy, que, a propósito de los malos datos económicos y con su partido por delante del PSOE en las encuestas del CIS, volverá con el consabido discurso de que el Gobierno miente, despilfarra e improvisa. Es de suponer que el presidente del PP intentará obviar la broma de las escuchas y la persecución a los militantes de su partido. O no.