Como se presumía, el uso del programa Pegasus para espiar sin concesiones a gobernantes, políticos, periodistas y activistas de toda condición en Europa, y singularmente en España, se ha convertido en el asunto central de la agenda y en un pudridero político que abre serias grietas entre los ministros del PSOE (Margarita Robles vs Bolaños); entre PSOE y UP; y divide aún más los apoyos del bloque de investidura en el Congreso. Mientras, el PP, apoya las decisiones de Estado, que no al Gobierno, y se coloca en el burladero a ver pasar los días.

En nuestro país estamos doctorados en espionaje, esa suerte de trampa innoble cuando se practica fuera de la ley; y ese ejercicio no exento de responsabilidad institucional cuando se hace con la debida autorización judicial. La directora del CNI, Paz Esteban, admitió en la Comisión de secretos oficiales que se espió a 18 dirigentes independentistas, entre ellos al presidente Aragonés, si bien no se ha aclarado si su seguimiento se produjo antes de acceder a la presidencia. Esperemos que Paz Esteban no desvelara nada relevante porque al término de la comisión -cuyo contenido es secreto- los diputados independentistas se lanzaron a dar ruedas de prensa y ofrecer canutazos a los periodistas en los pasillos del Congreso. Ni las formas mantuvieron. La situación solo se va a agravar más. Aragonés está dando otra vuelta de tuerca y el resto de independentistas exige una comisión de investigación. Esto, por un lado.

Margarita Robles, desguarnecida

Por otro está el espionaje a Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, que es realmente grave. Se ignora qué información comprometedora para el Estado podía haber en los 2,6 gigas pirateados al presidente y en los nueve megas del móvil de Margarita Robles. Pero es de suponer que sus teléfonos celulares, que además se suponían blindados a prueba de pirateos, se utilizan para asuntos trascendentes. La doble gravedad del episodio viene por la crisis en la que se va a sumir el CNI, donde no se descarta que "dimitan" a la directora de los espías, que al fin y al cabo es un cargo técnico de la casa y ocasiona un daño menor para el Gobierno, aunque abrirá una fisura importante en la confianza en el organismo.

De momento el PSOE dice que la directora del CNI seguirá, pero veremos. En ese caso quedaría la ministra de Defensa como peón desguarnecido. Aunque de alguna manera ya lo está: Moncloa se ha sacudido cualquier responsabilidad argumentando que en el entorno presidencial ni saben ni deben saber cuándo a quién ni cómo se espía. La salida de Robles -que sería una imprudencia política y solo se interpretaría como la cabeza entregada en bandeja- sería muy del gusto de los socios de UP, cuyo bloque duro cada vez está más desalineado con el Gobierno mientras Yolanda Díaz, más en línea, sigue en tierra de nadie y en busca de su propio espacio político, más indefinido que el institucional. Aunque esa cabeza ni siquiera garantizaría recomponer las relaciones PSOE-UP. Y calmaría, solo temporalmente, a todo el bloque irredento independentista. Por eso Sánchez no puede entregar su cabeza, aunque el fallo de seguridad es de aúpa y en otra circunstancia exigiría responsabilidades políticas, no solo operativas. De momento toda la presión es para la titular de Defensa, a la que sea dicho de paso no se le ve demasiado inquieta en esa coyuntura.

La urgencia un año después

Si el Gobierno y sus servicios de seguridad han tardado un año en enterarse de que alguien accedió al teléfono del presidente y de la ministra del Interior y posiblemente a la de ex de Exteriores- alguien tendrá que asumir las responsabilidades por semejante falla en la estructura de la seguridad del Estado. Si lo sabían antes y lo han hecho público ahora buscando algo parecido a empatizar con los indepes, una equis en la quiniela del espionaje, fue un error de bulto porque esa conferencia de prensa convocada a las siete de la mañana en día festivo fue una maniobra burda. Una información de ese calibre o se silencia o debería haber sido compartida en el Congreso o en la comisión de fondos reservados y secretos oficiales, que estaba convocada para tres días después. Al fin y al cabo ha transcurrido un año desde las escuchas. No se explica la urgencia. Pero para colmo -un año después- el ministro dijo no saber ni quién nos había espiado ni qué secretos nos habían robado. Genial: justo lo contrario de lo que indica cualquier manual de comunicación política. En todo caso, tienen que revisar los protocolos de seguridad del Estado de arriba a abajo. "España se encuentra a la vanguardia europea e internacional en todo lo que concierne a la ciberseguridad, tanto en términos regulatorios, como tecnológicos e institucionales", afirmaba el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria hace solo quince días. También tienen que revisar los protocolos de las respuestas parlamentarias.

Sánchez, de rama en rama y UP a lo suyo

La primera pregunta es si Pedro Sánchez va a poder seguir agarrándose de rama en rama lo que queda de legislatura -incluida la presidencia de turno de la UE en el segundo semestre de 2023- o si en algunos de esos saltos al vacío terminará cayendo. La crisis con ERC, que tiene trece diputados en la Carrera de San Jerónimo, es clave para el impulso legislativo. Se ha comprobado que no son imprescindibles, pero a cambio de un permanente andar por la cuerda floja. El Ejecutivo no puede seguir jugando a la ruleta rusa en cada envite, como ocurrió la semana pasada con el decreto de ayudas para paliar los efectos económicos y sociales de la guerra de Ucrania.

Y esta primera cuestión es difícil de resolver. A su favor, unos presupuestos aprobados -y prorrogables- y una concertación no organizada de partidos extraña, inédita y heterodoxa que apoyan al Gobierno del PSOE-UP por el temor a que Vox alcance el poder de la mano del PP. Saben lo que les espera con un gobierno de derechas. Sin embargo, esa no es la única mala noticia: UP se desmarca ya de las acciones y decisiones del Gobierno y vota en contra de sus propuestas con suma naturalidad: cada vez ganan menos permaneciendo en el gobierno, su ADN sigue siendo "combatir" a la derecha desde fuera de las instituciones, lo que posiblemente les dé mejor réditos electorales que permanecer en el Ejecutivo. Ya no estamos en la etapa de aquellas discrepancias internas que se explicaban, e incluso se entendían en algunos casos, por las notables diferencias entre socialistas y podemitas. Ya no. Las relaciones han entrado en otra fase. Belarra, Montero y Echenique pegan golpes de timón cada día comprometiendo la acción del Ejecutivo.

Todos pierden: la escopeta de feria

La segunda pregunta es cuál es la elasticidad de los independentistas. Cuál es el punto crítico en el que se produce la ruptura y dejan de apoyar al PSOE. Electoralmente les funcionará mejor un gobierno PP-Vox. Se sabe que el victimismo y la supuesta persecución -e incluso aquel fake: España nos roba- ha sido un motor poderoso para la filiación electoral y social del independentismo, hoy en caída. En el fondo es más incómodo para ellos desenvolverse en un entorno en el que el "Gobierno de Madrid" está dispuesto a buscar soluciones, a abrir una mesa bilateral de trabajo y normaliza las inversiones y las relaciones con Cataluña. Les va peor para agitar el avispero tratar con un Ejecutivo cuyos miembros no solo no son agresivos con ellos sino que los tratan con deferencia e indultan a sus presos, aunque los socialistas sí han sido contundentes respecto a los intentos de quebrar la estructura del Estado. Si permiten la comparación: el presidente de EEUU que más daño le hizo al castrismo fue Obama, que se plantó en la isla, le propuso al gobierno cubano iniciar un nuevo camino, reabrió el turismo y propició un intercambio económico inédito desde 1959. El castrismo perdió de la noche a la mañana la figura icónica del enemigo americano que servía para rearmar la "lógica" de la revolución. Aquí estamos en las mismas: en el fondo el independentismo necesita, electoralmente un frente PP-VOX que le llene el tanque de gasolina y le prepare el escenario para un enfrentamiento institucional a cara de perro. Bronca y votos. Después les va a caer encima el Estado, la indiferencia presupuestaria y el desprecio institucional. Pero, como decía el clásico, estos pensarán que lo primero es antes.

De momento, el devenir legislativo es inquietante e inestable: La reforma laboral, con PNV y ERC en contra- se aprobó por el error de voto del diputado Casero, del PP. Y el paquete de ayudas por la guerra lo ha salvado Bildu. Dirá mucho de la habilidad -y de la indiscutible baraka de Pedro Sánchez- pero España merece más tranquilidad y estabilidad. Lo de ahora es disputar cada ley importante como si se disparara en una barraca de feria con escopetas que tienen la mirilla doblada y sin saber ni hacia dónde sale el balín ni qué peluche te van a entregar como premio.

Ganar asaltos en el último minuto

Este tinglado empieza a sostenerse con dificultad, y eso siendo generosos. El contraespejo es que a todo el llamado bloque de investidura le interesa una negociación evitativa, sabiendo que nadie va a sacar beneficio de esta situación. El PSOE, aunque podrá presentar la materialización de una agenda social maciza en tiempos imposibles o datos espectaculares de empleo como el de abril, tendrá que competir con un PP y un candidato más sólido. UP es una incógnita pero es obvio que como están hoy las cosas cuanto más Yolanda Díaz, menos UP. Los independentistas deben temer a un gobierno de PP-Vox como a una vara verde. Y el PNV tres cuartos de lo mismo. Max Weber define el poder como "la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad". Más que imponer su propia voluntad política, el PSOE, como el Real Madrid, está dedicado a salvar asaltos en el último minuto, a veces con ayuda del adversario y otras con el auxilio arbitral. Pero cualquier día se rompe la rama.