El aparato militar de ETA contaba con 271 activistas en noviembre de 2002, de un total de 1.031 miembros de la organización terrorista en ese momento, incluidos 514 que estaban en prisión, según datos citados por la policía en un juicio.

El capitán de la Subdirección Antiterrorista Laurent Hury dio estos datos sobre la base de los documentos que se le requisaron al que fue jefe del aparato militar de la banda, Juan Ibón Fernández Iradi, ‘Súsper’, tras su detención en diciembre de 2002 en Las Landas (suroeste) y que está siendo juzgado en París.

De acuerdo con uno de esos documentos, ETA contaba en noviembre de 2002 con 517 activistas en libertad, de los cuales 271 vinculados directamente al aparato militar, 61 a los servicios logísticos y 21 al aparato de reserva, contó Hury ante el Tribunal especial de lo Criminal de París que desde ayer juzga a Súsper (36 años) y a otros cuatro miembros o presuntos miembros de la banda terrorista.

Según un texto manuscrito realizado unos meses antes por Ainhoa Múgica Goñi, que estaba al frente del aparato militar junto a Juan Antonio Olarra Guridi hasta la detención de ambos en septiembre de 2002, la estructura disponía entonces de 210 miembros, entre los que había 34 legales (no fichados), 65 miembros del servicio de información (‘pianistak’) y 85 colaboradores.

Stéphane Durey, también capitán de la SDAT, detalló ante el tribunal la estructura del organigrama de la banda, de acuerdo con los papeles que se le requisaron a Súsper, sucesor de ambos, en un piso de Tarbes tras su primer arresto en diciembre de 2002.

Durey señaló que Súsper debió de participar en por lo menos una de las reuniones del comité ejecutivo de ETA -que se celebran mensualmente- en sus primeros tres meses al frente del aparato.

El experto francés contó al Tribunal que hasta la detención de Súsper en diciembre de 2002 junto a su compañera Beltzane Obanos (30 años) y la que fuera su presunto brazo derecho, Lorena Somoza (32 años), ni la policía española ni la francesa tenían conocimiento de la práctica de los secuestros exprés por ETA para financiarse.

Fernández Iradi, que escapó de la comisaría de Bayona dos días después de su captura, fue apresado de nuevo en diciembre de 2003.

De los papeles requisados a Súsper en Tarbes se supo que ETA había contabilizado 1.556.936 euros de ingresos en 2002, de los cuales más de 1,4 millones procedían del cobro del "impuesto revolucionario", mientras que había gastado 2,23 millones de euros.

La diferencia, contó Durey, demuestra que ETA disponía de "un tesoro de guerra" acumulado que le permitía gastar más de lo que ingresaba.

De la distribución de los fondos de ese año, 613.000 euros (un 31%) habían ido al aparato militar, un 30% al logístico, un 11% al de reserva, un 9% al político y un 6% a la estructura del cobro del impuesto revolucionario.

Los 700.000 euros citados bajo el epígrafe "exprés" -aparecían como "110 kilos" (millones de pesetas)- eran dinero que la banda había obtenido de hecho, del total de los 4,5 millones de euros que había exigido a una quincena de empresarios vascos y navarros, según apuntó Hury.

En esta vista, entre otros cargos, Fernández Iradi está acusado de extorsión en relación con esos 700.000 euros de secuestros exprés, así como de receptación de más de 914.000 euros procedentes del impuesto revolucionario, un cargo este último que también se reprocha a Obanos y Muñoa.

En las fichas sobre las empresas víctimas de las extorsiones se detallaban los envíos de cartas para reclamar el dinero, las cantidades exigidas, el aumento del tono de las amenazas a los que no pagaban e incluso referencias a empresarios que habían intentado entrar en contacto con la banda para pagar.

El tribunal Especial de lo Criminal de París también juzga en este proceso a los etarras Mikel Miren Otegi (35 años) y Alona Muñoa Ordozgo (31), arrestados el 22 de febrero de 2003 gracias a los documentos requisados a Súsper dos meses antes, y ya condenados en Francia por su vinculación con ETA.