España

Mas será arropado por 40.000 personas en el juicio del 9-N

Casi 40.000 personas se han inscrito para acompañar mañana al ex presidente catalán Artur Mas y las ex conselleras Joana Ortega e Irene Rigau al juicio por el 9-N, y unos 157 autocares saldrán de diversos puntos de Cataluña para transportarlas a Barcelona.

Òmnium Cultural, la Asamblea Nacional Catalana, la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) facilitaron ayer estos datos, aunque el presidente de Ònmium, Jordi Cuixart, aseguró que habrá muchas más personas que no se han apuntado pero que mañana saldrán a la calle para arropar a Mas.

El PPC acusa al 'Govern' de hacer una "lista de Schlinder" entre los funcionarios

El presidente de la ACM, Miquel Buch, avisó, por su parte, de que si el Estado lleve a cabo medidas coercitivas para evitar el referéndum como precintar escuelas, irán "a teatros, a pabellones, a centros cívicos y, si no a las calles y plazas, porque se trata de democracia". "Pueden amenazar todo lo que quieran", subrayó en una entrevista de Europa Press, tras recordar que más de 700 ayuntamientos catalanes cedieron espacios para que los ciudadanos pudieran votar el 9-N, como fue el caso de algunos municipios que no tienen institutos.

El líder del PPC, Xavier García Albiol, denunció ayer que la Generalitat ha coaccionado a los funcionarios y alertó de que se pretende hacer una "lista de Schindler" para saber qué trabajadores públicos asistirán a la manifestación en apoyo de Mas. "Cataluña está instalada en el despropósito y el disparate, y cualquier nuevo disparate supera al del día anterior", criticó Albiol en declaraciones a Efe, en las que tachó de "barbaridad" que el Govern "esté presionando y haciendo mobbing a los funcionarios para que vayan a tocar las palmas a Mas".

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña juzgará a Mas, Ortega y Rigau por los delitos de desobediencia grave y prevaricación al mantener la consulta del 9 de noviembre de 2014, pese a que el Tribunal Constitucional la había suspendido.

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