Informe de Anticorrupción

Investigan un desfalco en la Ciudad de la Justicia que proyectó Aguirre

  • La Audiencia Nacional estudia la denuncia sobre el complejo encargado por la ex presidenta regional en 2007

Esperanza Aguirre, durante una comparecencia ante los medios en Madrid. Esperanza  Aguirre,  durante una comparecencia ante los medios en Madrid.

Esperanza Aguirre, durante una comparecencia ante los medios en Madrid. / Ballesteros / EFE / Archivo (Madrid)

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El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto una investigación sobre un desfalco en el proyecto del Campus de la Justicia de Madrid a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción.

Fuentes de este tribunal confirmaron que el magistrado está investigando, en una causa secreta, este proyecto encargado en 2007 por la ex presidenta regional Esperanza Aguirre para agrupar las 19 sedes judiciales en el barrio madrileño de Valdebebas, pero que todavía no hay ninguna persona imputada en la causa.

En el marco de este procedimiento, varios agentes de la Policía se personaron el martes en la sede de la Consejería madrileña de Justicia requiriendo documentación sobre este proyecto, según informaron a Efe fuentes del Gobierno regional.

El proyecto fue denunciado hace unos meses ante la Fiscalía tanto por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, entonces presidido por Cristina Cifuentes, como por varios diputados de la oposición.

La Fiscalía General remitió a la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de abril la denuncia de la Comunidad de Madrid sobre posibles delitos de malversación y prevaricación en el Campus de la Justicia.

En la denuncia presentada por la Comunidad, se adjuntaba un informe de la Cámara de Cuentas sobre la gestión de la empresa pública Campus de la Justicia de Madrid, S.A., en los ejercicios 2005-2015.

En dicho informe se ponía de manifiesto el abono de unos 90 millones de euros por la urbanización y construcciones de edificios, de los cuales solo hay uno concluido que, no obstante, no puede ser utilizado. También se informaba sobre posibles adjudicaciones de contratos al margen de los criterios establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y supuestas irregularidades contables y en materia de contratación de personal.

El fallido proyecto fue encargado por el Gobierno regional que por aquel entonces, en 2007, presidía Esperanza Aguirre, y pretendía agrupar en un mismo espacio todos los órganos judiciales con sede en Madrid excepto los estatales.

Sin embargo, sólo llegaron a traspasarse al Campus de la Justicia dos edificios y las únicas obras que se llegaron a hacer fueron la construcción del Instituto de Medicina Legal y parcialmente dos túneles de interconexión con otros inmuebles que no se llegaron a desarrollar.

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