Un comerciante de Vilanova i la Geltrú, Manuel Nevot, llevará por primera vez a juicio una multa de 400 euros que le impuso en 2008 la Agencia Catalana de Consum, organismo dependiente de la Generalitat catalana, por no rotular su establecimiento en catalán. Nevot solicita que se anulen las dos sanciones -de 400 euros por no rotular en catalán y de 400 euros más por no disponer de las hojas de reclamación-, y además pide al juez que plantee una cuestión de inconstitucionalidad de algunos preceptos tanto de la Ley de Política Lingüística como de la Ley del Estatuto del Consumidor.

En el escrito de demanda, Nevot -asesorado por Convivencia Cívica Catalana (CCC)- se cuestiona si una ley, ya sea estatal o autonómica, puede limitar las libertades y privar a las personas a elegir la lengua que deben utilizar para relacionarse entre sí. Consideran que imponer "coactivamente" el uso de una lengua "es una atropello a la libertad de expresión". 

Dicha demanda se basa pues en una supuesta vulneración de la Constitución, en concreto del derecho fundamental de la liberad de expresión. Nevot asegura que la Constitución "no habilita" a los poderes públicos para imponer el uso de una lengua en las relaciones privadas. Por ello, en su denuncia, el comerciante pide al juez que plantee una cuestión de inconstitucionalidad de algunos preceptos tanto de la Ley de Política Lingüística como de la Ley del Estatuto del Consumidor. Además, pide la anulación de la multa de 400 euros, así como otra sanción, por la misma cantidad, por no disponer en el establecimiento de hojas de reclamaciones.

Francisco Caja, presidente de CCC, explicó que es la primera vez que se lleva a juicio una multa de este tipo, después de rechazarse todos los recursos de la vía administrativa pero que "es un proceso muy lento". El juicio se celebrará este jueves en el Juzgado Contencioso-Administrativo número 9 de Barcelona.

El escrito de demanda se basa también en un antiguo caso, un caso ocurrido en Quebec en 1989, en el que tres comerciantes recurrieron al Comité de Derechos Humanos de la ONU, después de que el gobierno de Canadá y de Quebec les prohibiera utilizar el inglés en la rotulación de sus establecimientos y les obligó a hacerlo en francés. El Comité consideró que se vulneró la libertad de expresión y declaró que "todo Estado puede optar por tener uno o más idiomas oficiales, pero fuera del ámbito público, no puede negar a nadie ese derecho a expresarse en un determinado idioma".