La Fiscalía se opone a la puesta en libertad de los cinco candidatos a las elecciones generales del 28-A que están en prisión provisional: el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los ex consellers Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull y el ex presidente de la ANC Jordi Sànchez.

En su escrito, el fiscal Fidel Cadena sostiene que el riesgo de fuga no solo se mantiene una vez iniciado el juicio, sino que se incrementa al tener más sesiones de la vista oral en abril y mayo.

Y, además, tiene en cuenta el "liderazgo e implicación" de los cinco encausados, que hace que "el riesgo de reiteración delictiva no esté en modo alguno conjurado", sino que persiste, más aun cuando "el juicio está consolidando las pruebas de la participación de los procesados en lo delitos objeto de acusación del Ministerio Fiscal".

"La posición preponderante que políticamente ostentaban los procesados y sus propias manifestaciones reiteradamente difundidas en los medios de comunicación sugieren la alta probabilidad de reincidir", subraya el escrito.

El fiscal utiliza nuevamente el argumento de estar en medio del juicio para justificar también el riesgo de fuga porque se encuentra en "una fase procesal" clave en la que "se están determinado la consolidación de los fundamentos de la imputación".

Riesgo de fuga

Pese a alegar "vínculos personales, patrimoniales y políticos que harían penosa su huida", advierte de que los presos disponen del "respaldo de una estructura organizativa y grupos afines, suficiente para materializar en situación de libertad la elusión de los tribunales españoles así como lo recursos económicos necesarios para la subsistencia fuera de España, el asesoramiento legal especializado y la publicidad ventajosa".

Circunstancias todas ellas, precisa, similares a las de otros cuatro encausados por el delito de rebelión que son el ex president Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y lo ex consellers Clara Ponsatí y Antoni Comín, "cuya situación de absoluta desantención a las determinaciones de la autoridad judicial ha pasado a constituir una situación de rebeldía".

El fiscal advierte además de las consecuencias que tendría una eventual fuga para el juicio, ya que "es evidente" que de producirse sería imposible continuar con la vista oral en relación a ellos mismo, lo que causaría "perjuicios irreparables a la administración de Justicia y al desarrollo conjunto del juicio".

Asimismo, rechaza equiparar el caso Demirtas al de los candidatos presos "porque los presupuesto de la medida cautelar, sus fines y proporcionalidad no guardan relación alguna con la situación de ninguno de los procesados presos", si bien recuerda en el caso del político turco "no se demostraron o esgrimieron razones de peso" que justificaran mantenerlo en prisión.

Por todo ello, el fiscal considera que el mantenimiento de la medida cautelar es "razonable y proporcionada" y que "no implica una vulneración a un juicio justo" ni se ve perjudicado su derecho de defensa, "muchos menos después de que hayan declarado en el juicio y de la permanente comunicación que con sus letrados mantienen.