España

La familia de Couso lleva al Tribunal Supremo el archivo de su causa

  • Los abogados argumentan que la decisión de la Audiencia Nacional ignora "el mandato imperativo existente en la Convención de Ginebra sobre la obligación de perseguir los crímenes de guerra que permanecen en la impunidad".

La familia del cámara José Couso, que resultó muerto durante un ataque al hotel Palestina de Bagdad el 8 de abril de 2003, ha recurrido ante el Tribunal Supremo el auto por el que la Audiencia Nacional rechazó el pasado mes de noviembre plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre la reforma de la justicia universal  En dicho auto, dictado el pasado 25 de noviembre, la Audiencia Nacional decretó también  el archivo provisional de la causa  con la condición de que reabrirá el procedimiento si los tres militares estadounidenses responsables del disparo que mató a Couso pisan el territorio español. 

En el recurso presentado ahora ante el alto tribunal, tanto los  abogados de la familia Couso y la acusación popular, ejercida por la Asociación Libre de Abogados (ALA)  argumentan que la decisión de la Audiencia Nacional ignoró "el mandato imperativo existente en la Convención de Ginebra sobre la obligación de perseguir los crímenes de guerra que permanecen en la impunidad". Las convenciones internacionales suscritas por el Estado español prevalecen, según aducen los recurrentes, sobre la legislación ordinaria. Argumentan igualmente que numerosos juristas consideran que, al chocar con el mandato de la Convención de Ginebra, la reforma legal que realizó el Gobierno del PP y que acabó con la Justicia Universal es inconstitucional. 

El abogado Enrique Santiago, autor del recurso, ha señalado en nota de prensa que "lo que están haciendo el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional es, sencillamente, impedir la aplicación en España de los mandatos contenidos en la legislación internacional suscrita por nuestro país". La decisión que se lleva al Supremo confirmaba el el auto de conclusión de sumario dictado por el juez Santiago Pedraz y han acordado el sobreseimiento de la causa, hasta que se cumpla el requisito exigido por la ley basado en que los tres militares americanos se encuentran en territorio nacional. 

Los recurrentes quieren que, pese a lo señalado por la Audiencia Nacional, se plantee cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra los artículos 23.4, 5 y 6 y la disposición transitoria única de la Ley de Justicia Universal,  si bien la Audiencia Nacional rechazó esta posibilidad y recordó que el propio Supremo ya resolvió el pasado septiembre que esta norma "no infringe el derecho de los tratados" y, por consiguiente, el artículo 10 de la Constitución. 

En su decisión, el Supremo ya dijo que los tratados internacionales no marcan la obligación de que los Estados firmantes deban "imperativamente investigar y perseguir, sin limitación alguna, los hechos constitutivos de delitos internacionales". 

Además, el alto tribunal advirtió de que la "actividad jurisdiccional expansiva" de la Audiencia Nacional había situado a España como "polo de atracción para procedimientos" en los que los presuntos autores no se encontraban en nuestro territorio. 

Pedraz cerró el pasado junio este caso, alertando de que a pesar de que existen "suficientes indicios racionales" contra tres militares del Ejército de Estados Unidos, este "crimen de guerra" va a quedar "impune". "El flexo no podrá mantenerse encendido", se lamentó Pedraz. 

Desde 2010, mantuvo procesados y bajo orden de busca y captura al teniente coronel del Ejército de Estados Unidos Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson, a los que acusaba de delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado en concurso con homicidio.  

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios