Las denuncias anónimas, en buena parte vendettas políticas, y el trabajo incansable de la Justicia, han conducido a la detención e imputación de la cúpula de Unión Mallorquina (UM) por numerosos casos judiciales, abriendo así la crisis política más grave de la democracia en las Islas Baleares. La caja de los truenos la destapó el viernes el presidente autonómico, Francesc Antich, quien, tras la invitación y el firme apoyo de Ferraz, se acostó con dos ideas: "tolerancia cero" ante la corrupción y echar a los tres consellers de UM de su Gobierno.

Aunque el cuarto presidente de UM en esta legislatura, Josep Melià, intentó parar el golpe, Antich, un político pausado en su toma de decisiones, echó mano sin doblegarse del alea jacta est (la suerte está echada), que soltó Julio César cuando cruzó el río Rubicón y se rebeló contra la autoridad del Senado romano.

Bajo el principio de que "todo lo malo puede empeorar", el pacto de centro-izquierda de Baleares aguantó con destreza hasta el final en su primera edición (1999-2003), a pesar de la famosa y criticada ecotasa, pero esta vez el barco no ha aguantado la desastrosa galerna de la corrupción, que ha inundado a la cúpula de UM, y a numerosos socios.

El partido de centro nacionalista, regido durante años con mano de hierro por su actual presidenta de honor y también del Parlament, María Antonia Munar -también imputada-, ha sido clave en ésta y en pasadas legislaturas con sus tres diputados en un Parlament de 59 representantes.

UM ha sido la bisagra, la chica del baile con la que siempre quisieron bailar PSOE y PP, desde que se abrió el proceso autonómico. La expulsión de UM del Gabinete autonómico -el presidente empleó con finura el verbo apartar- supera con generosidad otro de los momentos históricos de la joven democracia balear: cuando dimitió en 1995 el entonces presidente de las islas Gabriel Cañellas (PP), tras ser condenado por el caso Túnel de Sóller.

En aquella ocasión, a trancas y barrancas, se superó la situación porque los populares gozaban de la siempre ansiada mayoría absoluta parlamentaria.

Ahora, PSOE y Bloc se lanzan a la aventura de gobernar en solitario, sin saber si sus propuestas podrán ser aprobadas en las tres instituciones tocadas.

Ahora, UM no descarta nada: ni una moción de censura junto al PP, ni la posibilidad de forzar elecciones anticipadas, algo que por el momento no se vislumbra en el horizonte. Pero todo es posible en estas islas.

Otra incógnita a resolver es qué futuro le espera a UM. ¿Su desgaste por corrupción será tal que no alcanzará en las elecciones de 2011 el necesario 5% de representación para poder sentarse en el Parlamento balear?

Por el momento, aunque los populares también llenan de causas los tribunales, su imagen queda menos dañada al vivir en la oposición, aunque también está tocada. Como ejemplo, el ex ministro de Medio Ambiente y ex presidente de la Comunidad Jaume Matas (PP), tendrá que declarar en marzo como imputado en el caso Palma Arena.

El presidente popular, José Ramón Bauzá, exigió a Francesc Antich, a la presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, y a la alcaldesa de Palma, Aina Calvo, que se sometan a una cuestión de confianza en sus respectivas instituciones, debido a que tras romper el pacto con UM ya "no tienen legitimidad" para gobernar, teniendo en cuenta que los populares fueron la fuerza más votada en los comicios de 2007.

Al final, lo realmente dañado, como lamenta el presidente socialista, es la imagen de Baleares de cara al resto de España, de Alemania y Gran Bretaña, que cada año envían millones de turistas a las islas, conocidas ya no tan solo por el sol y playa y las ensaimadas: la corrupción política balear pisa fuerte.

Ayer, el juez Enrique Morell, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, empezó los interrogatorios a los seis altos cargos detenidos. En primer lugar compareció el contable de Unión Mallorquina, Álvaro Llompart.