Juanma Moreno, durante el acto celebrado el pasado lunes por el Grupo Joly en Madrid, donde anunció sus nuevas políticas fiscales.

Juanma Moreno, durante el acto celebrado el pasado lunes por el Grupo Joly en Madrid, donde anunció sus nuevas políticas fiscales. / antonio pizarro

Cuando un Gobierno baja los impuestos pueden ocurrir dos cosas: que la decisión sea trascendente respecto a la recaudación o que sea inocua. Si estamos ante el primer caso la rebaja puede convertirse en una temeridad y terminar afectando a los servicios sociales; si estamos en la segunda hipótesis suele ser un acto de propaganda efectista más que una medida efectiva. En ese caso suele formar parte de un corpus ideológico y una posición política. Posiblemente uno de los factores que incidieron en el cambio de Gobierno en Andalucía es el deseo de muchos votantes de emular a Madrid. Muchos consideran a Madrid un templo del liberalismo, el paraíso de la competitividad, donde las leyes del mercado y la libertad con mayúscula forjan una tierra próspera e incandescentemente libre y próspera, no como otros.

En cambio, se profundiza menos en las causas que permiten a Madrid tomarse ciertas anchuras fiscales difíciles para otras comunidades. Por ejemplo, resulta insoslayable que en Madrid está la sede del 45% de las mil empresas más importantes de España, así como que allí se conceden el 70% de los contratos públicos. No se trata sólo del efecto fiscal directo, sino de la acumulación de renta que genera ingresos extraordinarios a la capital de España, que concentra el 19% de la riqueza neta de todo el país. En la eliminación del impuesto de patrimonio en Andalucía hay, posiblemente, un poco de todo lo anterior. Es la apertura del juego: las regiones más pobres quieren jugar al mismo juego de las ricas, aunque el punto de partida sea muy diferente. Es la guerra fiscal, aunque en puridad la comenzó el Madrid de Esperanza Aguirre y las comunidades forales, siempre sobrefinanciadas.

Cara y cruz

El anverso y el reverso de la eliminación de este impuesto es que, en el caso andaluz, beneficia al 0,2% de la población y perjudica al 98,8%. Los efectos beneficiosos indirectos están por acreditar mientras que la renuncia fáctica a 120 millones de euros de recaudación es un hecho. La operación eliminación impuesto de patrimonio, ciertamente, le ha dado a Madrid pingües beneficios. Según un trabajo de Clara Martínez-Toledano, que es profesora de Economía financiera en el Imperial College de Londres, sólo entre 2011 y 2015, el stock de declarantes de impuesto de patrimonio en la capital -superior a 700.000 euros- se incrementó en 6.000 personas con rentas altas.

En cualquier caso, éste es un debate político, no sólo un jeroglífico fiscal. Por un lado está el derecho a competir, que es indiscutible. Y la legitimidad y capacidad normativa de que una comunidad active los mecanismos que le ayuden a progresar. Cosa distinta es comprobar si las palancas que activa son realmente eficaces y además se hace atendiendo a criterios de justicia social. Es de suponer que la Junta tiene hechos los números, aunque como dice el escritor y editor de periódicos Gregg Easterbrook, "tortura a los números y lo confesarán todo". Igualmente hay que entender cualquier movimiento tributario en el contexto del sistema de solidaridad interterritorial: el 75% de los impuestos autonómicos van a parar a la hucha común, desde la que se redistribuye para el resto del territorio.

El efecto añadido de atraer rentas a Andalucía mediante la supresión del impuesto de patrimonio, con especial alusión a Cataluña y aprovechando que a muchos hacendados catalanes les produce urticaria la derecha cañí madrileña, puede funcionar o ser un disparo al aire. Jaume Giró, el consejero de Economía de Cataluña, no descarta la supresión del impuesto en su comunidad, aunque lo supedita a cambios en el modelo de financiación. Murcia, además de rebajar el IRPF en un 4,1%, también plantea suprimir ya el impuesto de patrimonio. De hecho, la réplica catalana es que Andalucía lo hace porque le beneficia el modelo actual. España, en la noria. Vueltas a lo mismo con la certeza de no tener cerrado un modelo fiscal estable y que, razonablemente, pueda ser compartido por todos. Y aunque no es justo que se plantee como una justa a vida o muerte precisamente cuando es Andalucía la que da el paso, tampoco deja de llamar la atención que en estos tiempos de zozobra económica e incremento de la pobreza el debate gire en torno a la eliminación de impuestos a los más ricos.

Juanma, el modelo a seguir

Tras la desaparición del impuesto de patrimonio en Andalucía hay otras claves nacionales. Juanma Moreno, alineado con la calle Génova sin fisuras, es el ganador de unas elecciones andaluzas de forma apabullante. Y es, clara aunque subrepticiamente, el presidente autonómico de referencia para Feijóo y equipo, donde se sientan Elías Bendodo y Juan Bravo pilotando la parte económica. Le conviene al PP oponer el modelo Juanma -al éxito por la moderación- frente al de Ayuso- al éxito por la confrontación-. Uno suma con una propuesta de apariencia más amable, la otra desafía permanentemente. La desaparición del impuesto de patrimonio en Andalucía explica a las claras que esas políticas no quieren ser sólo patrimonio exclusivo de Madrid.

Autonomía e igualdad

El tiempo electoral en el que vivimos instalados trae estas cosas. La solidaridad interterritorial aspira a que en todos los territorios pueda prestarse un nivel similar de servicios pero aplicando una presión fiscal idéntica a ciudadanos con rentas idénticas: es el viejo adagio que confirma que no tributan los territorios sino los ciudadanos, desmintiendo el discurso independentista que convierte al territorio en el tótem sagrado del que emana todo. En definitiva, se trata de aplicar la solidaridad pero sin trampas: asumiendo una equiparación razonable de derechos y deberes. Pudiera parecer que un Estado autonómico y el concepto de igualdad son conceptos antitéticos. Pero es justo lo contrario: nuestro estado autonómico se basa en la posibilidad de la autonomía política pero vinculada a la existencia de derechos y deberes similares. No es un sistema aplanador pero sí armonizador.

El peligro de las decisiones fiscales

Por eso las decisiones fiscales encierran tanto peligro, porque la posible desigualdad en las obligaciones fiscales no sólo tienen consecuencias recaudatorias sino políticas. Si no se mide bien se corre el riesgo de ensanchar las diferencias entre comunidades y en esto las que andan a la cola son seguras perdedoras. Y así llevamos años. Sería paradójico haber evitado aquel debate de una Europa de dos velocidades para tener ahora un país de dos velocidades. Porque si existe hoy una España más rica que otra es debido, además de a otros factores, a la concentración de capital industrial, financiero y empresarial en unos territorios más que en otros, sin entrar en la singularidad de las comunidades forales, pero no porque el sistema de solidaridad interterritorial haya forjado una España más rica y otra pobre.

Escrivá, profesional de clamar en el desierto

Escrivá posiblemente tenga razón aunque le chillen desde todos lados. Utilizar indirectamente el comodín de los ingresos de la solidaridad interterritorial para competir con otros territorios es como poco cuestionable. Recentralizar ese impuesto para evitar que la competencia fiscal entre autonomías quite definitivamente el tapón de la bañera y se vaya la solidaridad por el desagüe debería ser una opción a estudiar. No va a temblar la España de las autonomías. No es posible que muchos que llevan años pidiendo recentralizar otras competencias como la educación conciban ahora como una amenaza al Estado de las Autonomías el debate sobre la recentralización de un impuesto. Otra opción es la desaparición del impuesto en toda España. Siendo como es un impuesto raro -grava la propiedad después de haber gravado el IRPF del propietario, que es la renta que ha generado el patrimonio: una doble imposición- debería o desaparecer o armonizarse. Andalucía está en rumbo de converger con las regiones más pobres y ha recortado un 67% los ingresos del fondo de compensación, pero aún sigue recibiendo dinero a la vez que renuncia a 120 millones de euros. Esos son los hechos. A la vez, el Gobierno va a establecer un nuevo impuesto temporal para las grandes fortunas. Igual nos encaminamos a un absurdo juego de suma cero.

Expertos de usar y tirar

Los partidos, que utilizan a los expertos para generar literatura científica destinada a no ser utilizada, sólo los escuchan cuando les dan la razón. Porque, anótese, aunque sea al margen, que el grupo de expertos que escribió el libro blanco de diagnóstico del sistema tributario español recomendaba este mismo año justo lo contrario a lo que va a ocurrir en los próximos meses. En su informe aseguraban que España necesita mejorar la recaudación y su eficiencia, lo que se traducía en una propuesta para una subida generalizada de impuestos. Tanto en los gravámenes del consumo, la renta, la riqueza, los impuestos especiales de alcohol y tabaco o los carburantes, aunque aquello fue en la primavera y aún no se intuía el disparate actual del precio de la gasolina ni la inflación letal que soportamos. Pero en su modelización teórica iban más allá: proponían el pago de uso por infraestructuras viarias o implantación de tasas de entrada a las ciudades. Lo difícil de conciliar -y de asimilar- es cómo se concilia el informe de los expertos a los que se consulta para ser convenientemente ignorados con la decisión de todos los partidos de caminar en sentido contrario. Pero no hay que ser pesimistas: esto se arregla volviendo a consular a los expertos dentro de cinco años y volviendo a archivar sus informes.

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