El juez de Instrucción del caso Gürtel, Antonio Pedreira, impuso a Francisco Correa, cabecilla de la trama corrupta, una fianza de 85 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecunarias que pudieran imponérsele como consecuencia de los delitos fiscales de los que se le acusan. Además, la instrucción desveló que existen cargos públicos que han recibido hasta 2,8 millones de euros de la trama.

En cuatro autos emitidos el pasado 31 de marzo, hechos públicos este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el magistrado destaca lo elevado de las responsabilidades pecuniarias que podrían derivarse de los delitos contra la Hacienda Pública descubiertos entre 2002 y 2007 por parte de los dirigentes de la trama.

Así, Pedreira pide el embargo de todos los bienes de Correa y sus socios Pablo Crespo Sabaris, Alvaro Pérez (el bigotes), Carmen Rodríguez Quijano y Ramón Blanco Balón y de sus sociedades, hasta cumplir la cuantía indicada. 

Por otra parte, indica que la instrucción ha desvelado que cargos públicos han recibido hasta 2,8 millones de euros de la trama, por lo que los imputados están acusados de un delito de cohecho. 

Misma fianza para Crespo

La fianza solicitada para Correa es de 85 millones de euros, la misma que para ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, mientras que para el ex vicepresidente de Repsol, Blanco Balín, la fianza queda en 30 millones de euros. La mujer de Correa, Maria del Carmen Quijano, se enfrenta a una cuantía de 800.000 euros por su participación en la actividad de Correa en Majadahonda, incluidos pagos a cargos públicos. Entre ellos, destaca la operación relativa a un inmueble de la calle La Oliva. 

La cuantía es aproximada y no tiene en cuenta los intereses de demora, las cuotas del Impuesto sobre el Patrimonio y otras circunstancias que todavía no se han contabilizado. Si no lo abonan en el plazo indicado, se procederá al embargo de sus bienes.

El abogado José Antonio Choclán, que defiende a Correa, adelantó, que su cliente no cuenta con dinero para pagar la fianza para eludir la cárcel, puesto que tiene "el 100 por ciento de sus bienes conocidos embargados". "Los bienes se tienen que tasar para saber si son suficientes para cubrir la fianza", apuntó. Y es que, las empresas de Correa consiguieron contratos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en su mayoría relacionados con la organización de actos institucionales. Según el sumario, los contratos se troceaban para evitar que el coste fuera superior a los 12.000 euros, con la idea de eludir un concurso público.

Bajo la presidencia de Crespo, la empresa Special Events, dedicada a la comunicación y organización de eventos, fue contratada por la Xunta que gobernaba Manuel Fraga para promocionar el mercado de la carne gallega en plena crisis de las vacas locas, campaña de publicidad por la cual percibió un millón y medio de euros.

En 2005 se desvelaron las vinculaciones de esta empresa con personas del PP y que era propiedad de sociedades domiciliadas en paraísos fiscales, por lo que el entonces presidente de la Xunta, meses antes de perder la mayoría absoluta, aseguró que no se realizarían más contrataciones con Special Events.

Blanco Balín

Asimismo, el juez fija una fianza de 30 millones de euros al ex vicepresidente de Repsol José Ramón Blanco Balín para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se deriven del proceso penal.  

Según el sumario, Blanco Balín asumió en 2005 la gestión de la estructura empresarial de la trama en España al tomar el relevo del abogado Luis de Miguel, "un especialista en el montaje de sociedades", según declaró Antoine Sánchez, el primo de Correa, durante su declaración ante el juez Baltasar Garzón.

Por su parte, María Carmen Rodríguez Quijano fue detenida el 6 de febrero de 2009, el día que se destapó la trama, y puesta en libertad por la Policía. La mujer de Correa fue nombrada directora financiera en enero de 2005 de la empresa Especial Events, cuyo administrador único es Pablo Crespo, uno de los presuntos cerebros de la trama Gürtel. 

Además, Rodríguez Quijano fue jefa de gabinete del ex alcalde del PP en Majadahonda Guillermo Ortega, otro de los imputados en el caso, y secretaria general del partido en ese municipio.