Un informe de la Alianza para el Gobierno Abierto, a la que España pertenece desde 2011, advierte del retraso en la puesta en marcha de los compromisos del Gobierno en materia de transparencia y gobierno abierto, y pide mejoras en la normativa y en participación ciudadana en las políticas públicas. 

Además, avisa de que algunos de los compromisos plasmados por el Gobierno en su propio plan de acción de 2012 no tienen mucha relevancia para los valores del gobierno abierto, como la Ley Orgánica de Estabilidad Financiera o los planes de administración de justicia y sanidad electrónicas. 

En tercer lugar, propone también que el próximo plan de acción de transparencia y gobierno abierto no lo haga la Administración General del Estado --el Ministerio de Presidencia-- en solitario, sino que lo abra a la participación ciudadana y de las comunidades autónomas --por ejemplo en la Conferencia de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas--, algunas de las cuales ya tienen experiencia en gobierno abierto. 

Así, para el próximo plan de acción, aconseja implicar a los ciudadanos siguiendo la experiencia de campañas como 'Mi Casa a Salvo', del Ministerio de Interior, y acompañarla con actividades presenciales como talleres o encuestas deliberativas. 

En esa línea, lamenta que el Gobierno no haya puesto en marcha ningún plan de divulgación sobre el gobierno abierto, porque mientras la Ley de Transparencia ha generado interés, el gobierno abierto, que incentiva la participación de los ciudadanos en las políticas, sigue siendo algo desconocido en España. 

El documento, es sólo un borrador y su literalidad puede cambiar porque está sometido a comentarios públicos. Constata que España ha cumplido cinco de los 13 compromisos de su plan de acción, pero avisa de que seis de los 13 no tienen mucha relevancia para el Gobierno abierto. 

De entrada, recuerda que la recién aprobada Ley de Transparencia y Buen Gobierno no cumple los estándares internacionales y no reconoce el derecho de información como un derecho fundamental. Además, recomienda aclarar su ámbito de competencia, reconocer el poder del Consejo de Transparencia y limitar al máximo los requisitos para poder solicitar información. 

En segundo lugar, pide redoblar esfuerzos para que el Portal de la Transparencia esté abierto en 2014 y hacer abierto y accesible el registro de actuaciones del Consejo de Transparencia --o bien hacer informes periódicos o hacer públicas las informaciones que puedan los ciudadanos--. Propone también medidas para mejorar la participación ciudadana en los anteproyectos de ley. 

Sobre la transparencia de la ayuda oficial al desarrollo, reconoce los progresos de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), pero pide incrementar la obligación de transparencia para las entidades colaboradoras y el acceso a la documentación de los proyectos.