Zafarrancho de combate del centroderecha contra el plan del Gobierno de Pedro Sánchez para reformar el Código Penal, que incluiría la rebaja en la condena por sedición, una medida que beneficiaría a los políticos independentistas encarcelados por el procés. No le valen a la oposición los argumentos esgrimidos por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que afirmó en la Cadena Ser que la reforma del Código Penal, incluida la sedición y la rebelión, no forma parte de la mesa de diálogo ni se abordará en la reunión de Sánchez con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ni con el resto de las autonomías.

"Hay tipos penales que son anteriores a la Constitución, se acompasan mal con acontecimientos nunca queridos. Nosotros siempre hemos tenido en nuestra acción de Gobierno y dentro de los proyectos de reforma legislativa que haremos la modificación del Código Penal, simplemente porque pensamos que hay que acompasar comportamientos democráticos, asumidos en la vida cotidiana de España, a tipos penales que en alguna sentencia europea como la alemana nos advirtió que sonaban extraños", defendió Calvo.

Preguntada por la posibilidad de que si se suaviza el delito de sedición, se beneficie al líder de ERC, Oriol Junqueras, y al resto de condenados porque su pena tendría que rebajarse para ajustarse al nuevo tipo penal, Calvo sostuvo que "no es el Gobierno quien aplica los efectos" de la eventual reforma e incidió en que desde Europa la Justicia ha mandado "mensajes de que hay que actualizar algo" el Código Penal español.

El PP no se quedó callado y expuso su punto de vista alto y claro. Su secretario general, Teodoro García Egea, aseguró que la reforma que quiere hacer el Ejecutivo busca "amnistiar" a los líderes independentistas "condenados por intentar un golpe al Estado", entre ellos Junqueras. Esta "reforma Junqueras", añadió, persigue devolverle su escaño y lograr el apoyo de ERC al proyecto de Presupuestos del Estado. "Junqueras pidió medidas de gracia a través de la prensa si Sánchez quiere Presupuestos y éste se ha puesto manos a la obra", declaró.

El número dos de Pablo Casado indicó que con esta reforma los españoles están empezando a conocer el "pacto oculto" de Pedro Sánchez con los independentistas. Yabundó en que la reforma penal es el "precio" para "seguir en La Moncloa". "Si Sánchez quiere indultar a Junqueras", agregó, "que lo haga utilizando los medios habilitados para ello, sin cambiar el Código Penal".

Nicolás Redondo dice que rebajar la sedición es una "arbitrariedad" propia del franquismo

La opinión de Vox sobre este asunto es similar. La formación de Santiago Abascal criticó la intención del Gobierno de plantear una reforma del delito de sedición porque es el pago de las "facturas" a ERC y JxCat, y dejó claro que se opondrá y que espera que PP y Cs "cierren filas" a su lado.

La secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, advirtió de que Sánchez concede a los independentistas lo que han exigido para la mesa bilateral con el Govern en una "absoluta rendición" de las instituciones públicas al servicio de los "intereses espurios" de su Ejecutivo "ilegítimo".

Por otro lado, Nicolás Redondo Terreros, ex dirigente socialista y portavoz de la plataforma La España que reúne, avisó este miércoles en declaraciones a EP de que una rebaja en la pena por el delito de sedición supone una "arbitrariedad" propia del régimen franquista o del "despotismo", que desconsolida el Estado y quiebra el principio de que "todos somos iguales ante la ley". Por ello, pide que esta "ocurrencia" vuelva al "cubo del que no debió salir" porque supone un "peligroso camino" hacia el populismo y se asemeja a los comportamientos de líderes que no dan importancia a las reglas del juego.