Desde Gürtel hasta el caso Villarejo, pasando por el procés o los ERE. Son muchas las causas donde los partidos han acudido a los juzgados como acusación popular, una polémica figura que se ha intentado limitar desde hace años y de la que el Gobierno les quiere excluir para evitar una instrumentalización de la Justicia.

Además de otorgar la instrucción de las causas penales a los fiscales, el anteproyecto de ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) del Ejecutivo pretende también dejar fuera a los partidos políticos y sindicatos de ejercer la acción popular "por razones de mínima coherencia institucional" y dado el "especial riesgo de instrumentalización del proceso".

No es la primera vez que un Gobierno lo intenta; los respectivos equipos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy ya elaboraron sendos proyectos que recogían esta medida con el objetivo de evitar la acusación ejercida por partidos políticos, algo sobre lo que ya ha llamado la atención el Tribunal Supremo en varias ocasiones.

La última fue en la causa del procés. Aunque rechazó expulsar a Vox como acusación, advirtió de la necesidad de abordar una regulación de esta materia que "excluya el riesgo de trasladar al proceso penal la contienda política".

Lo había advertido también el hoy magistrado del Constitucional Cándido Conde-Pumpido cuando, desde la Sala de lo Penal del Supremo, instruyó la causa de Rita Barberá con el PSOE como acusación. "Esta práctica, desconocida en los sistemas penales de los países de nuestro entorno, conlleva, según la doctrina más caracterizada, un serio riesgo de judicialización de la política", dijo.

Gürtel abrió la veda

PSOE, PP, Vox, Podemos, Izquierda Unida... Son muchos los partidos que han acudido a esta figura para acusar en procedimientos, habitualmente de corrupción, donde los investigados suelen ser miembros de la formación rival. De hecho, las causas judiciales se han convertido en los últimos años en una de las principales armas en la contienda política.

Gürtel fue el primer gran caso de corrupción en el que proliferaron las acusaciones promovidas por partidos políticos. En este caso figura el PSOE, también en su vertiente valenciana, el PSPV.

También el PSOE está personado en otras causas de corrupción que afectan fundamentalmente a ex destacados miembros del PP como los casos Púnica y Lezo. A esta última causa también se sumó IU y más tarde Podemos.

Izquierda Unida surgió como acusación en la investigación de los papeles de Bárcenas tras presentar la querella que dio lugar a la apertura de la causa sobre la caja B del PP, de la que una parte -la reforma de la sede del PP- está a punto de juzgarse, a partir del 8 de febrero, y otra parte, reabierta en 2017, se sigue instruyendo.

El PP se ha prodigado menos como acusación pero no ha dejado de figurar como tal en el caso de los ERE en Andalucía, y llegó incluso a estar personado para ejercer la acción popular en el caso Gürtel y el de los papeles de Bárcenas hasta que el juez Pablo Ruz acordó su expulsión al entender que el partido no era sujeto perjudicado sino sujeto investigado.

Esta medida fue recurrida por el PP y, al avalarla, la Sala de lo Penal Audiencia Nacional felicitó a Ruz por su "encomiable labor depuradora de los verdaderos contornos de la acción popular".

El caso Pujol supuso la irrupción de Podemos como acusación en casos de corrupción. Previamente, y antes de su desaparición del panorama político, estuvo también personada en esta causa UPyD, que ya había despuntado en estas lides con su querella por la salida a bolsa de Bankia.

Caso Dina

Tampoco tardó Podemos en personarse en varias piezas del caso Villarejo, incluida la del caso Dina, en la que el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, figuraba como perjudicado hasta que el juez Manuel García Castellón dudó de su versión y envió el asunto al Tribunal Supremo por si cabía investigarle por varios delitos.

En esta pieza, sobre el robo del móvil a una ex asesora de Iglesias, se ha incorporado recientemente Vox, partido cuya presencia en los tribunales es ya más que habitual debido a las numerosas acciones que ha emprendido contra miembros del Gobierno o contra su gestión en casos como el de la crisis sanitaria.

También Vox se subió al carro de la acción popular al presentarse rápidamente como acusación en la causa del procés contra los líderes independentistas catalanes o en otros casos mediáticos como la investigación a Podemos por un contrato electoral de 2019, la del Delcygate, sobre el encuentro en Barajas entre el ministro José Luis Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez; o la de la autorización de manifestaciones del 8-M, estas dos últimas ya cerradas.