Los grupos catalanes en el Congreso calientan motores ante la próxima decisión del Constitucional sobre el Estatut, un fallo que de suponer una "lectura regresiva" de la Carta Magna abriría, advierten, una grave crisis institucional y política que amenazaría incluso, según ERC, la existencia del Gobierno.

"Estamos absolutamente convencidos de la constitucionalidad del Estatut", es la frase unívoca que de entrada pronuncian, en declaraciones, los portavoces de los tres grupos catalanes en la Cámara Baja, Pere Macías (CiU), Joan Ridao (ERC) y Joan Herrera (ICV).

A partir de ahí sus discursos van por caminos diferentes pero convergen en una advertencia: si la sentencia del Tribunal Constitucional es "adversa" al Estatuto catalán se abrirá una grave crisis institucional en España.

El secretario general de ERC va más allá. A su juicio, si se produce una sentencia "negativa" que "lamine aún más el Estatut" estaremos ante "el problema político más grave del Gobierno en democracia" y puede "complicar y condicionar la existencia y la vida política de este Gobierno".

Ridao se muestra convencido de que ante este "callejón sin salida" que supondría una sentencia "adversa", el Gobierno catalán y "todas las fuerzas de orden catalanista" van a optar por "desplegar de facto el autogobierno, prescindiendo incluso de la sentencia".

Desde CiU creen que se abriría una "crisis política importante" que se "dejaría sentir" en Madrid, porque una sentencia adversa rompería "el consenso básico que permitió que se pactara entre todos la Constitución".

"Esto es un problema importante. No es un problema catalán, es un problema del Estado español", remarca Macías.

¿Habrá un conflicto institucional grave? "Por supuesto que sí", afirma también tajante Joan Herrera, quien cree que el Gobierno debería entonces elaborar "una nueva hoja de ruta" porque el "pacto político" entre Cataluña y el Estado que supone esta ley orgánica "se tienen que cumplir".

A su juicio, y en la misma línea de la postura oficial del tripartito catalán, hay vías para hacer que se respete el texto original del Estatuto y, al mismo tiempo, el criterio del alto tribunal.

Estas vías pasan, según apunta Herrera, por el artículo 150.2 de la Constitución, que establece que el Estado podrá delegar a las comunidades facultades de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia.

Para el portavoz de ICV, otra solución estaría en la modificación de las leyes orgánicas que el Alto Tribunal considerara en su caso lesionadas por la norma catalana.

En cualquier caso, Herrera asegura que no imagina otro escenario que no sea una sentencia que "avale la plena constitucionalidad del Estatut" y el cumplimiento del "pacto político" entre Cataluña y el Estado.

No obstante, recalca que si se produce un "conflicto de esta envergadura", con una sentencia "fuera de la realidad", la respuesta tendrá que ser "de la misma envergadura" por parte de la sociedad catalana, con partidos políticos y sociedad civil, una idea que comparten en CiU y ERC.

La respuesta, dice Herrera, debe producirse en cualquier caso después de que se pronuncie el Alto Tribunal porque ICV no es partidaria de "manifestaciones preventivas".

Esta coincidencia sobre el momento en que debe producirse una respuesta de la sociedad y la política catalana no se repite en los grupos a la hora de valorar la competencia del TC para resolver si el Estatut cumple o no con la Constitución.

Joan Ridao asegura que este tribunal "adolece de una legitimación absoluta" porque con su "renovación bloqueada" es como un "gobierno en funciones" y como tal debería limitarse "a gestionar cuestiones de puro trámite".

Según Ridao, hay otro elemento que hay que tener en cuenta: "Al margen del retraso en la renovación de este órgano y de la mayor legitimidad que pueda tener el acuerdo jurídico-político entre Cataluña y España, todo el mundo ha visto que el tribunal es una especie de Torre de Pisa del Estado autonómico, cada vez más inclinado hacia posiciones más uniformes desde el punto de vista del autogobierno".

Herrera llama también la atención sobre la "crisis de autoridad" del Alto Tribunal por la falta de renovación, pero añade que eso no significa que ICV le niegue legitimidad. "Legitimidad toda, por supuesto que sí", remarca.