El Ayuntamiento de Barcelona ha ordenado, desde julio de 2016, el cierre de 2.332 pisos turísticos ilegales, de los que 744 ya han cesado en su actividad y otros 145 han sido precintados.

El consistorio que dirige Ada Colau dio ayer datos sobre el balance del primer año de funcionamiento del Plan de Choque de Viviendas de Uso Turístico, que pretende ordenar el sector y acabar con la oferta ilegal.

Durante este año, ha abierto un total de 6.107 expedientes disciplinarios a propietarios de pisos irregulares, de los que 3.473 implican la imposición de sanciones.

Para dar con los pisos ilegales, el ayuntamiento ha creado un grupo de visualizadores, que inicialmente contaba con 20 efectivos y que desde el pasado mes de mayo ha aumentado a 40, que comprueban en la red y sobre el terreno si las direcciones que figuran en las plataformas de internet que hacen de intermediarias se corresponden con alojamientos concretos y localizan pisos turísticos ilegales.

Desde que se duplicó el número de visualizadores hace tres meses, éstos han realizado el seguimiento de 3.300 anuncios publicados en internet que no tenían la licencia correspondiente y han llevado a cabo 1.157 visitas, que han permitido localizar 630 apartamentos ilegales, cuyos propietarios se enfrentan a sanciones de 60.000 euros por carecer de permisos.

De forma paralela, el consistorio ha aumentado también el número de inspectores municipales destinados a este sector, que seguirá incrementándose hasta alcanzar los 110 previstos para el año próximo.

Además del trabajo de visualizadores e inspectores municipales, la colaboración ciudadana también ha sido importante en la lucha contra los pisos turísticos.

Desde julio del año pasado, el Ayuntamiento de Barcelona ha recibido 3.059 quejas y reclamaciones a través de una web creada a tal efecto, además de 1.116 llamadas telefónicas y otras 257 comunicaciones a través de otros canales. En total, 4.432 informaciones de ciudadanos que alertaban de este tipo de alojamientos.