La amenaza de huelga de los jueces sigue levantando discordías. No sólo entre la magistratura y el Gobierno, sino entre los propios jueces, los fiscales y hasta los secretarios judiciales.

El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, afirmó ayer que, mientras exista diálogo entre los jueces y el Gobierno, con posibilidades de que sus reclamaciones "lleguen a buen puerto", no sería "lógico" que éstos hicieran una huelga, ya que sería "un fracaso para todos los ciudadanos".

Igualmente, la gran mayoría de los seis jueces centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional se muestra reacia a la posibilidad del parón al considerar que la convocatoria de una reivindicación de este tipo podría comprometer la eficacia de los magistrados y no serviría para mejorar el servicio a los ciudadanos, informaron fuentes jurídicas a Efe.

Asimismo, la Unión Progresista de Fiscales considera "inadecuada" y "perturbadora" la forma en que los colectivos judiciales quieren reivindicar mejoras. De igual modo, el Sindicato de Secretarios Judiciales calificó de "excesivas" las medidas de presión anunciadas por los jueces al entender que es "inexacto" que éstos "no gocen de los mismos derechos y beneficios que los restantes servidores de la función pública".

Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco defiende la huelga porque "tememos ser el próximo juez Tirado".

A este respecto, está previsto que este 27 de enero esté operativa la nueva aplicación informática del Registro de Penados y Rebeldes, que permitirá a los jueces conocer de forma inmediata los antecedentes y la información sobre los penados. La mejora de los sistemas informáticos es una de las medidas que anunció el Ministerio de Justicia para evitar que se repitan casos como el de la niña de Huelva Mari Luz Cortés. Además, el titular del departamento, Mariano Fernández Bermejo, aseguró que la presentación de ese Registro iba ser precisamente en Sevilla, donde está destinado el polémico juez Rafael Tirado.