El terrorismo de ETA ha costado al Estado en sus casi 50 años de historia más de 11.000 millones de euros, entre daños materiales, indemnizaciones a las víctimas y gastos en seguridad. Es el cálculo del catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense Mikel Buesa.

Además de los desastres materiales y humanos provocados directamente por los atentados, el terrorismo etarra ha generado, según Buesa, enormes costes indirectos reflejados en el éxodo de empresarios vascos, el cierre de empresas, o la pérdida de inversiones, como fue el caso de la central nuclear de Lemóniz.

"El terrorismo ha limitado el crecimiento del PIB vasco por debajo de su nivel potencial. El País Vasco ha dejado de crecer un 0,8% anual durante los últimos 30 años, lo que supone más de 20 puntos", subraya Buesa.

Según el ex presidente del Foro de Ermua, la economía del País Vasco ha perdido desde 1975 más de 150.000 millones de euros, además de población, empleo y peso en el conjunto de la economía española.

En su libro ETA S.A., el titular de la cátedra de Economía del Terrorismo aborda también las vías de financiación de la banda, desde el llamado "impuesto revolucionario" a las subvenciones recibidas por los partidos de la izquierda abertzale y sus asociaciones afines. Es lo que Buesa denomina "economía depredadora de guerra", en la que la banda terrorista se nutre de fondos económicos procedentes del propio Estado al que combate.

De este modo, ETA ha obtenido recursos a través de la extorsión, las subvenciones o la constitución de empresas propias que operan en la legalidad.

Entre 1978 y 2008, el chantaje ejercido contra los empresarios le ha reportado a la banda 115 millones de euros, mientras que las subvenciones públicas a sus diferentes marcas electorales han llegado a los 35 millones de euros en ese periodo. No obstante, desde 2002 sus ingresos han caído un tercio, según el cómputo realizado por Buesa, que aseguró que las ayudas públicas llegaron a ser la fuente principal de financiación de ETA hasta la ilegalización de Batasuna.

Algo similar puede suceder con los fondos obtenidos con la extorsión a los empresarios que, por el momento, no han denunciado haber recibido cartas amenazantes desde el mes de noviembre.

Un hecho que para Mikel Buesa no demuestra que ETA haya renunciado a esta fuente de financiación a pesar del alto el fuego de "carácter general" declarado el pasado mes de enero. "La experiencia nos dice que ETA manda cartas de extorsión unas cuatro a seis veces al año y desde el último comunicado todavía no han pasado dos meses. Yo sería prudente".

El ex presidente del Foro de Ermua se muestra también cauto sobre el papel de Sortu, el nuevo partido de la izquierda abertzale.

Buesa no tiene ninguna duda de que Sortu es la heredera de Batasuna como demuestra la presencia de Rufi Etxeberria o Íñigo Iruin en los actos de la nueva formación política. Se muestra convencido de que la Fiscalía y los jueces lograrán reunir las pruebas suficientes para impedir que Sortu se presente a las elecciones, aunque advierte de que ETA ya habrá dispuesto un plan B.

Si la banda consigue regresar a las instituciones, el peligro no está solamente en las subvenciones que volvería a percibir, sino en el nutrido grupo de militantes del entorno etarra que de nuevo "entrarían en nómina" de las administraciones locales. "Si se cerraran completamente las fuentes de subvenciones y se apretara el cerco a las actividades económicas de las herriko tabernas, podría provocarse el colapso financiero de ETA", vaticinó Buesa.