En los nueve primeros meses de un año marcado por la crisis mundial del coronavirus más de 550 personas resultaron heridas y otro medio centenar perdió la vida a consecuencia de disparos fortuitos en cacerías realizadas por todo el país. En la provincia de Almería se contabilizan diez heridos por aficionados a la actividad cinegética entre el 1 de enero y el 6 de septiembre, según la estadística facilitada por el Ministerio del Interior en respuesta a una preguntar parlamentaria del senador de Compromís Carles Mulet. Es la misma cifra de víctimas que Granada, la mitad de los que presenta Badajoz y el doble que en Cantabria o Teruel. Ciudad Real y Toledo, con 50 y 67 accidentes con heridos, son las provincias españolas con mayor incidencia.

El registro facilitado por el Gobierno no incluye ningún disparo a menores ni tampoco a mujeres y tampoco contempla fallecidos en la provincia en lo que va de año, si bien hay constancia de una muerte en el municipio de Las Tres Villas el primer día de febrero. Este medio documentó los hechos de un trágico episodio por el que un hombre de 45 años murió prácticamente en el acto tras recibir un disparo accidental en una cacería de jabalíes. La víctima se encontraba en su finca podando unos viñedos cuando un cazador que disparaba a un jabalí lo alcanzó sin ser su propósito. De inmediato este aficionado a la actividad cinegética de unos 60 años reconoció ser el autor del disparo fortuito y lo comunicó a pesar de entrar en estado de shock.

Esa huella exacta del suceso evidencia el error en el cómputo del Ministerio del Interior que sólo contabiliza los diez heridos en la provincia pero no notifica el fallecimiento. Son cifras de siniestralidad elevadas, teniendo en cuenta las considerables limitaciones de movilidad y de la actividad cinegética durante el estado de alarma, el confinamiento y la desescalada. La veda de la caza mayor y menor no arrancó hasta mediados de octubre. Otra de las preguntas parlamentarias relativas al impacto de la actividad cinegética ha permitido conocer que en nuestro país había el pasado 2,5 millones de licencias de armas D y E en clara tendencia a la baja. En la provincia de Almería había 62.488 armas de caza con licencia en vigor del tipo E y D en 2009 y diez años después son 51.650, lo que se traduce en 10.800 menos.

La tendencia a la baja en consonancia con el retroceso de la afición a la caza se percibe en cuanto a las licencias el tipo E que habilitan a sus titulares a poseer hasta cinco armas de caza y tiro deportivo y que en 2009 eran 59.026 y en el último año 47.203. Sin embargo, las del tipo D que permiten a sus propietarios tener un arma de fuego larga rayada, rifles indicados para la caza mayor y menos comunes, evolucionan de forma favorable: de 3.732 en 2009 a 4.447 en 2019. El tipo de pieza es la que marca la diferencia entre caza mayor y menor es muy sencillo: si el animal es más grande que un zorro, se tratará de caza mayor, mientras que será menor para animales más pequeños.

La penetración de las armas de caza en la provincia alcanza casi el 9% de la población cuyo censo, restando los menores de 18 años, se situaría en torno a los 581.000 habitantes. Existen autorizaciones especiales para la caza para jóvenes a partir de los 14 años. En las sierras y montes almerienses hay en torno a 750 cotos de caza. En todo el país son 2.576.495 las licencias de armas que había en 2019, un leve descenso en comparación a las más de 2.600.000 que estaban activas en el año 2017. Asimismo, son Barcelona, con más de 108.000 y Madrid, con más de 240.000, las provincias españolas con un mayor número de licencias.