Los trabajadores afectados por el ERE municipal acudieron ayer a la inauguración del centro de mayores de San Benito, a la que asistía la alcaldesa María José García-Pelayo, para protestar, dos años después de la decisión del Consistorio de prescindir de sus servicios, contra lo que entienden como una "injusticia". A través de un comunicado recordaron que "en estos dos años ha quedado demostrado que los trabajadores no éramos el problema, que el problema de Jerez es el de un Gobierno inoperante e insensible, que ha convertido en un verdadero caos el Ayuntamiento y que ahora se enfrenta a más de 200 demandas individuales de los afectados del ERE".

Desde este colectivo acusan al gobierno del PP de aumentar "en un 20% la deuda municipal", de establecer "una política caciquil de personal, pagando sobresueldos que superan los 500.000 euros de media al mes entre gratificaciones, productividades y horas extraordinarias. Además se ha liquidado parte del patrimonio municipal con la privatización de Ajemsa, que era propiedad de todos los jerezanos".

Además, la plataforma informó que en los próximos días la alcaldesa se ha comprometido a llamar a los representantes de la misma para concretar una reunión, algo que también llevarán a cabo con el vicepresidente de la Junta Diego Valderas.

La plataforma comenzará en breves días a intensificar sus acciones, distribuyendo 10.000 folletos en los que se da a conocer el despilfarro municipal.

Sobre el ERE se refirió ayer el PSOE-A de Jerez, quien a través de su secretaria general, Miriam Alconchel, manifestó nuevamente su apoyo a los empleados y empleadas despedidos por el ERE municipal. Los socialistas han vuelto a exigir a García-Pelayo en este sentido la readmisión de estos 260 trabajadores "de lo que se han burlado públicamente y a los que ha condenado al desempleo, a la exclusión social y laboral, mientras premia sin complejos a otros trabajadores afines con altos sueldos y gratificaciones".

Asimismo, el PSOE sigue mostrando "su pesar por la consumación de estos despidos que supone el espaldarazo a una decisión injusta y que se hizo sin criterios objetivos".

Desde el PSOE califican estos hechos de "desvergüenza política", "la desfachatez y despilfarro".