El abogado de los afectados de los Huertos de Ocio, Francisco Pérez Vera, anunció ayer que tienen previsto emprender acciones legales contra Xera Promociones (empresa propietaria del suelo actualmente) y el Ayuntamiento "por los efectos que han podido tener conductas presuntamente delictivas" de estas dos partes. De hecho, señaló que "el asunto es mucho más grave de los que se puede creer en un principio y vamos a ampliar las acciones porque creemos que pudo haber permutas presuntamente ilegales". Así, mostró su desconfianza sobre el proceso llevado a cabo y sobre la constitución en su momento de la junta de compensación.

Pérez Vera se refirió también ayer al archivo por parte del Juzgado de lo Contencioso del procedimiento sobre el caso señalando que "el juez ha cerrado este procedimiento contencioso-administrativo porque no hay nada que ejecutar". De hecho, así consta en el escrito que presentaron en el juzgado tras solicitar el Ayuntamiento que se fijasen indemnizaciones: "Que hable ahora la administración demandada de una supuesta imposibilidad de reintegrar la posesión de dicho bien por causas sobrevenidas e incluso pretender que se fije una indemnización sustitutiva a su cargo no es sino un regodeo en tal mentira y su intento de que este juzgado entre indebidamente en fijar una indemnización sustitutiva, a todas luces improcedente". Al mismo tiempo, recalca en el documento que es "una estrategia para tratar de desviar la atención hacia este aspecto crematístico y correr una cortina de humo respecto a las responsabilidades de la verdadera propietaria de dicho bien y respeto a un asunto aún más espinoso que este, cual pudiera ser el presunto carácter delictivo de la propia permuta realizada a favor de Xera Promociones, que ya también se encuentra denunciada ante el juzgado competente".

Del mismo modo, en el escrito de oposición presentado por el abogado de los parcelistas se pide al juez que se "desestime íntegramente" lo solicitado por la Administración. Se justifica esta decisión porque "el fallo de la sentencia de primera y de segunda instancia son de naturaleza puramente declarativa, con la única excepción de la imposición a la parte demandada de las costas causadas en la segunda instancia". La defensa recuerda igualmente que "ni se ha condenado ni se podía condenar" al Ayuntamiento a restituir los suelos, ya que el fundamento principal de la sentencia era el de que "resulta obvio que la Administración municipal dictó acuerdos recurridos cuando ya no era propietaria de los terrenos, extralimitándose en el ejercicio de sus potestades administrativas al usarlas en beneficio de una tercera (la mercantil Xera Promociones S.A.) sin que ello tenga reflejo en el procedimiento administrativo". Incluso, se recalca que las fotografías aportadas por el Ayuntamiento en las que se ve el estado actual de los terrenos ya construidos tan sólo "reflejan el estado físico de los inmuebles, pero no su situación jurídica y lo verdaderamente trascendente es que la Administración demandada había dejado de ser previamente propietaria del bien en cuestión".