Penas de dos años de prisión, multa de 160.000 euros y la pérdida de posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, así como de gozar de incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un periodo de cuatro años son aquellas penas a las que se enfrentaban cuatro personas que hace apenas unos días se sentaban en el banquillo del Juzgado de lo Penal 3. Las cuestiones previas planteadas por sus defensas han hecho que finalmente se archive y se dicte el sobreseimiento libre de la causa, tras un auto dictado por este órgano judicial.

El delito al que se enfrentaban era un posible fraude contra la Seguridad Social tras obtener una subvención de más de 150.000 euros para la realización de una serie de cursos que se integraron en planes formativos de la subdirección general de Formación continua del Instituto Nacional de Empleo. Todos los cursos deberían impartirse entre los meses de finales del año 2001 y el primer semestre del año siguiente.

En una inspección se encontró una serie de irregularidades. Analizando todos los datos y las justificaciones de todas las actuaciones se descubrió un supuesto fraude en cierta cantidad que asciende a algo más de 19.000 euros. Esa cantidad es a todas luces inferior a los 80.000 euros, una de las condiciones necesarias para la aplicación del tipo del artículo 308.2 del Código Penal, que era precisamente lo que se imputaba a los acusados. Por esta razón el juez ha decidido archivar la causa, sin perjuicio de que estos hechos puedan ser objeto de infracción administrativa.

El auto, que se dictó hace apenas unos días, no es firme ya que se puede presentar contra él un recurso de apelación en el plazo de diez días. En ese caso, será la Audiencia la que decida.