Conste en acta que aún está abierto el periodo de cortesía que los ciudadanos les dan a los nuevos gobernantes para que se pongan las pilas y retomen, en este caso, el poder y los quehaceres tras la dura campaña electoral. Dicho esto hay que aprovechar cualquier rinconcito y en este caso hay que amortizar la ocasión para pedir que no caiga en saco roto el caso del catastro rústico.

Ya se ha conseguido dar solución a los invernaderos que fueron catalogados como construcciones y no como métodos de protección de los cultivos, los agricultores están recibiendo los llamados acuerdos de rectificación de errores materiales y ya parecen tener otra carita.

Ahora bien aún queda una asignatura pendiente y aunque el término recuerde a los odiados exámenes de septiembre hay que echarle ganas y tomar el caso como un reto para que muchos agricultores y ganaderos dejen los nervios aparcados definitivamente por lo menos en lo que respecta a los valores catastrales, en lo demás va a estar difícil no tener problemas con tanta imposición europeísta, tanto margen entre los precios que reciben por sus productos y el precio que paga el consumidor. Encima no llueve pero eso es harina de otro costal.

No hay que divagar, es un excelente momento para caer en la cuenta de que se está tratando injustamente a los agricultores y ganaderos respecto a las construcciones inherentes a la actividad agrícola. A ver, la revisión de los valores catastrales ha considerado elementos como los cobertizos de uralita en los que los agricultores guardan sus aperos, como construcciones. Sin duda una injusticia porque están definitivamente asociadas a la actividad que desarrollan estos trabajadores y, en segundo lugar, supone un desliz porque caería en una doble imputación a los agricultores. Cabe echar la vista atrás y recordar que el valor catastral de la tierra de los agricultores históricamente se ha vinculado a la producción incluso ahora se mantiene esta vinculación y, por tanto, se está haciendo una doble imputación, una por la renta que genera o ayuda a generar y otra por su valor inmobiliario.

Las casitas de los aperos no son más que una herramienta de trabajo para los agricultores igual que los invernaderos un método de protección y hay que valorarlos como tal.

El sector se encomendó a Alfredo Pérez Rubalcaba para pedirle amparo ante el caso del catastro, ahora pide a Pilar Sánchez, alcaldesa de Jerez, que se ponga al frente de los agricultores jerezanos y consiga la anulación de esos injustos valores de las construcciones agrarias.