El Ayuntamiento de La Barca ha anunciado que inicia una serie de protestas ante el traslado de dos empleadas que llevaban “más de 30 años” trabajando para la entidad vecinal barqueña. En un comunicado, el presidente de la junta vecinal de esta pedanía, Alejandro López, señala que estas dos trabajadoras estaban como “pago en especie” del convenio en vigor que regula las relaciones de La Barca con el Consistorio matriz.

Este traslado se ha producido una vez que el Juzgado respaldó que otros dos trabajadores que tenía la entidad vecinal, y que se encontraban en la misma situación, fueran trasladados a otros puestos en el Ayuntamiento matriz. El fallo judicial fue dado a conocer por el gobierno municipal el pasado fin de semana.

De este modo, y basándose en este pronunciamiento judicial, el Ayuntamiento jerezano ha realizado lo mismo, una decisión que censura el alcalde barqueño quien advierte de que se está incumpliendo el acuerdo que regula las relaciones entre Jerez y La Barca. López señala que en el convenio, “además de una transferencia anual irrisoria para lo que realmente nos corresponde, se contempla que cinco trabajadores pertenecientes a la plantilla de Jerez, seguirían destinados realizando su trabajo en La Barca, compensando así la falta de recursos que tenemos”. Por ello, López advierte de que en los dos últimos años, por una “decisión unilateral” de la alcaldesa, Mamen Sánchez, “se han llevado a todos sus trabajadores”.

Le reprocha, además, que esta decisión no le fue comunicada al Ayuntamiento. En el comunicado, la primera autoridad barqueña señala: “Ni una llamada, ni un correo, nada, como si La Barca fuera su cortijo; ni le ha importado que los servicios donde están destinadas estas trabajadoras, tengan que cerrarse, como por ejemplo el de asistencia social”.

La sentencia judicial determina que estos trabajadores forman parte de la plantilla del Ayuntamiento de Jerez, por lo que este órgano tiene potestad par decidir sobre su destino y funciones. En cambio, Alejandro López advierte de que estos trabajadores “forman parte de unas condiciones que figuran en un convenio firmado, y que ahora incumplen”.

Por este motivo, anuncian que el Ayuntamiento va a realizar todos los días un paro a partir de las diez y media de la mañana. Además, se prevé constituir una plataforma integrada por partidos políticos y asociaciones locales y se pedirá amparo al Defensor del Pueblo Andaluz.