El Ayuntamiento y Cirjesa -empresa pública que gestiona el circuito- han dejado pasar la primera oportunidad en su intento de volver a frenar el embargo judicial que pesa sobre el circuito por el incumplimiento de los pagos acordados con Circuito UTE -la unión temporal de empresas formada por FCC y Serviobras que ejecutó las obras de remodelación del trazado jerezano-.

El titular del Juzgado de 1ª Instancia número 3 de Jerez decretó días atrás el embargo de bienes de Cirjesa por valor de algo más de 18 millones de euros -10,1 del principal y 7,8 millones en concepto de intereses y costas judiciales- tras el impago de 2,5 millones de euros de la anualidad de 2010 que establece el calendario de pagos apalabrado entre las partes hace cuatro años, cuando el Consistorio jerezano logró eludir la anterior orden de embargo dictada por la autoridad judicial en febrero de 2007.

Pese al optimismo mostrado por la alcaldesa Pilar Sánchez tras la reunión celebrada el lunes de la semana pasada en Sevilla para renegociar el plan de pagos, según la información a la que ha tenido acceso este medio, los técnicos municipales y representantes de Cirjesa se limitaron a tratar de ganar tiempo, pero sin asumir ningún compromiso de pago sobre la anualidad vencida.

Hasta donde ha podido saber este periódico, la intención de la UTE es ponerse al día en el cobro para luego estudiar la posibilidad de flexibilizar los plazos, como solicita el Ayuntamiento, por la asfixia de las arcas municipales a causa de la coyuntura económica y la caída de los ingresos. Sin embargo, la reunión resultó frustrante para los responsables de FCC y Serviobras ante la falta de propuestas de los representantes municipales y de Cirjesa.

Tras el incumplimiento de pago de la última anualidad, Circuito UTE se enfrenta al vencimiento de un nuevo pagaré en el plazo aproximado de una semana y, por los antecedentes, todo apunta a que tampoco podrán cobrarlo, teniendo además los acreedores que asumir los intereses, situación que tampoco ayuda a crear un buen clima para la negociación.

Por otra parte, el nuevo decreto judicial hace extensible el embargo tanto a los terrenos públicos de los aledaños del circuito propiedad de Cirjesa -más de un millón de metros que el Ayuntamiento recalificó para uso hotelero, comercial y residencial a raíz de la entrada en el accionariado de la Junta de Andalucía que supuso un desembolso de 17 millones de euros desde 2005- como sobre los créditos pendiente de cobro a Dorna Sports y Gestión de Circuito de Jerez.

En este sentido, la autoridad judicial ha solicitado a Cirjesa, Dorna y Gestión de Circuito de Jerez abundante documentación relacionada con la celebración del Mundial de Motociclismo y la cesión de los derechos de su organización, retransmisión televisiva, contratos publicitarios y cualquier otro contrato vinculado a la explotación y gestión total o parcial del trazado jerezano.

El Ayuntamiento, avalista junto a la Gerencia Municipal de Urbanismo de las obras de remodelación del circuito, tendrá que aportar un inventario de sus bienes patrimoniales. Así mismo, la autoridad judicial reclama certificación del interventor municipal o de funcionario competente de todos los pagos mensuales que realiza la Corporación, de la totalidad de derechos del Consistorio frente a terceros y de los créditos previstos en los presupuestos desde 2007 a 2010.

Asimismo, el Ayuntamiento deberá certificar cualquier subvención concedida a Cirjesa en el mismo periodo de referencia, con indicación expresa del concepto de la misma, señala el decreto judicial.